Roger Torrent, expresidente del parlamento catalán y en la actualidad consejero de Empresa y Trabajo de la Generalidad por la cuota de ERC, Josep Costa, exvicepresidente de la cámara por Junts per Catalunya (JxCat), Eusebi Campreciós, exmiembro de la mesa por JxCat, y Adriana Delgado, exmiembro de la mesa por ERC están a un paso de ser enjuiciados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un presunto delito de desobediencia grave.
La magistrada instructora María Eugenia Alegret considera que cometieron tal delito al dar curso a dos mociones en contra de la Corona y a favor de la autodeterminación que habían sido expresamente embargadas por el Tribunal Constitucional.
El caso contra estos dirigentes separatistas parte de una denuncia de la Fiscalía del TSJC, que se querelló contra los investigados por permitir la votación de las antedichas mociones. La magistrada Alegret ha resuelto que hay indicios de delito, lo que ha comunicado a las partes para que pidan la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. Todo apunta a que, salvo cambio de criterio de la Fiscalía, los cuatro dirigentes separatistas serán juzgados.
Las tres formaciones separatistas con representación en el Parlament, JxCat, ERC y la CUP, decidieron hacer caso omiso al Tribunal Constitucional, que había advertido de manera expresa a los miembros de la mesa cameral de las sentencias que anulaban las proclamas separatistas y antimonárquicas del hemiciclo regional. Según la Fiscalía, los cuatro querellados incumplieron tales sentencias al permitir el debate y votación de las dos resoluciones, una contra la monarquía y otra a favor de la independencia de la comunidad autónoma.
Alay, a juicio
Por otra parte, el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona ha decretado la apertura de juicio oral contra Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont. Se le imputan los delitos de prevaricación y malversación por un viaje realizado a Nueva Caledonia a costa del contribuyente para el seguimiento del proceso de independencia.
La Fiscalía pide tres años de prisión y 17 de inhabilitación. Alay cobra más de cien mil euros en calidad de funcionario de la Generalidad. También está investigado por el desvío de fondos públicos al sostenimiento de Puigdemont y por haber formado parte de la estructura del Tsunami Democràtic, la organización separatista que asaltó el aeropuerto de Barcelona cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe de Estado separatista. También es el hombre que contactó con las autoridades rusas para que apoyaran el proceso separatista catalán.