La titular del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al que fuera su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en el año 2008. Una causa en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Anticorrupción señaló en un escrito hace 10 días que la reducción de camas llevada a cabo en el Hospital Puerta de Hierro se habría realizado sin procedimiento administrativo, por lo que, a su juicio, presumiblemente se causó un quebranto económico al erario público superior a los 10 millones de euros. Por estos hechos, pedía citar en calidad de investigados a Aguirre y Güemes, y a la ex Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana Sánchez Fernández, al inferir que eran los máximos responsables en la materia.
En un auto de 5 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada rechaza con contundencia esta solicitud al sostener que el hecho de que fueran "los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008 no justifica la atribución de la condición de investigados".
En este sentido, hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo: "Tampoco puede esta Sala promover la exigencia de responsabilidades penales dando la espalda a otro de los principios sin cuya vigencia el derecho penal se convierte en un peligroso instrumento totalitario. Hablamos del principio de culpabilidad por el hecho propio. Cualquier juicio de autoría exige que la persona a la que se atribuye responsabilidad criminal haya ejecutado por sí la acción típica o, en los supuestos de coautoría, tenga el dominio funcional del hecho.
"En ningún caso, puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea. De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad", concluía la sentencia citada en su auto por la instructora Mónica Aguirre.
Por todo ello, "no ha lugar a la admisión y práctica de la diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal en escrito presentado el 10 de noviembre de 2021 sobre la declaración como investigados de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de autos, Juan José Güemes Barrios, ex Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; y Ana Sánchez Fernández, ex Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid".
La juez admite únicamente la diligencia propuesta por el Ministerio Fiscal de tomar declaración como investigado a Jesús Alejandro Vidart Anchia, ex Director General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, quien tendrá que acudir a declarar el próximo 20 de diciembre.