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Las claves para entender por qué policías de todos los cuerpos de España se unen contra Marlaska

Sindicatos y asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza, Forales de Navarra y las policías locales trabajan de la mano.

Sindicatos y asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza, Forales de Navarra y las policías locales trabajan de la mano.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EFE

Las protestas contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana serán unánimes. Si en un principio el malestar y preocupación se circunscribía a la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo cierto es que según se han ido filtrando algunos de los contenidos de la misma el enfado se ha trasladado al resto cuerpos policiales españoles. Ahora mismo, no hay cuerpo policial que no vaya a estar representado en las movilizaciones previstas.

Son ya una cuarentena de sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d´Esquadra, la Foral de Navarra y los cuerpos de policía local los que han llamado a las dos grandes protestas contra un cambio legal que cuenta con todo el apoyo del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. La primera, será en toda España este miércoles 24. La segunda, el próximo sábado 27 en Madrid.

Los representantes de los agentes creen que estos cambios legales les van a convertir en las grandes víctimas de una reforma que dificultará de forma notable su trabajo y que, según explican fuentes policiales, "parece que está hecha a propósito para facilitar los disturbios en las calles", al tiempo que destacan que algunos partidos que están participando esta reforma "son precisamente los que luego alientan las algaradas callejeras".

Un veterano policía consultado por este periódico va incluso un poco más allá: "Los sondeos electorales dicen que en las próximas elecciones generales puede haber cambio de Gobierno. Es como si el PSOE y, sobre todo, sus socios de Podemos y ERC, estuviesen dejando preparado un marco legal totalmente laxo para que puedan incendiar las calles de España en cuanto lleguen a la oposición".

Sea del cuerpo que sea, todos los representantes policiales apuntan hacia los mismos aspectos de la reforma legal. Son los puntos clave que han incendiado el Ministerio del Interior y han creado un nuevo conflicto que salpica de lleno a un Marlaska que no ha tenido casi ni un mes más o menos tranquilo desde que se hizo cargo del departamento.

Se permiten manifestaciones espontáneas. La reforma legal permite las denominadas como manifestaciones espontáneas, es decir, esas en las que sobre el papel no hay organizador porque nadie las ha convocado ni organizado previamente y que, por lo tanto, no van a tener a nadie responsable legalmente sobre lo que pase en el desarrollo de las mismas. Este hecho va a permitir que no haya un dispositivo previo preparada en función de las posibilidades de que se produzcan o no incidentes. Los sindicatos destacan que atenta contra las libertades del resto de ciudadanos y puede poner en peligro a los agentes que intervengan inicialmente.

Limitación del uso de material antidisturbios. La modificación legal podría suponer el fin del uso de las pelotas de goma que emplean los agentes cuando se están produciendo hechos graves en una algarada callejera. Los sindicatos recuerdan que las pelotas de goma no sólo sirven para tratar de poner fin a los disturbios graves dispersando a los concentrados más violentos, sino que su uso también facilita la seguridad de los agentes antidisturbios durante la actuación, al permitirles fijar a los vándalos a más distancia y hacer más difícil que les impacten objetos lanzados por estos.

Multas en función de los ingresos. Los agentes creen que el hecho de que las multas que se ponen a los ciudadanos que participan en disturbios callejeros dejen de ser fijas para ponerse en función de los ingresos abre la puerta al fraude y a que muchos alborotadores se declaren como insolvente o no reconozcan todos los ingresos para que esas multas se conviertan en una cuantía económica muy reducida, saliéndoles casi gratis los destrozos que puedan causar o las infracciones o delitos que puedan cometer.

Supresión de la prohibición de grabar y difundir sin autorización imágenes de policías. Este es uno de los hechos que más enfada a los agentes. Hasta ahora se podía grabar en circunstancias determinadas y en ningún caso se podían difundir sin autorización expresa. La reforma plantea que no haya limitaciones ni para grabar ni para difundir. Los partidos que modifican la ley creen que así se podrán controlar posibles abusos policiales, pero los agentes creen que lo único que hará será poner en peligro su integridad y la de sus familias en regiones donde hay una importante hostilidad hacia su presencia o trabajo. En contraposición, los sindicatos policiales apoyan que los agentes lleven su propia cámara personal adosada al equipo que vaya grabando sus actuaciones durante la jornada, lo que permitiría tener imágenes íntegras de cada posible episodio polémico desde la cámara del agente y desde las cámaras de los que le rodean, lo que elimina posibles videos cortados convenientemente o manipulados.

Dudas sobre los atestados. La reforma plantea la desaparición del conocido como principio de veracidad, es decir, que la palabra de un agente en un atestado policial no valga más que la de un ciudadano, equiparando ambas versiones. El texto registrado en el Congreso dice el atestado policial debe ser "coherente, lógica y razonable". Los sindicatos policiales censuran que este punto pone en duda la laboral policial que se viene haciendo y recuerdan que al final deben ser los jueces los que juzguen los hechos y los que consideren que el atestado se ajusta a la realidad o no en función de todas las pruebas existentes. Recuerdan que otra vez que si los agentes llevaran cámaras individuales se podrán acabar con estas dudas.

Indocumentados: dos horas y al punto de origen. En la actualidad, si una persona debe ser identificada en una instalación policial, los agentes tienen un tiempo de seis horas para hacer la misma. La reforma legal pretende que ese tiempo se reduzca a dos horas y, además, los agentes deben devolver dentro de ese tiempo a la persona ya identificada al punto inicial donde se produjeron los hechos que propiciaron su identificación. Los agentes dicen que ese tiempo es muy poco teniendo en cuenta el agujero negro que hay en la gran mayoría de las plantillas y los atascos que se forman en las comisarías, al tiempo que censuran que luego haya que hacer de taxista llevando a la persona al punto de partida inicial en vez de salir ya directos a patrullar, lo que perjudica la seguridad en general del resto de ciudadanos.

Reducción de multas por posesión de estupefacientes. La reforma reduce de infracción grave a infracción leve la posesión de drogas. Los agentes creen que es una decisión poco acertada y con probabilidad lo único que traerá consigo será un efecto llamada al consumo de drogas, al quitarse gravedad a la posesión de las mismas.

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