En pleno incendio en el Ministerio del Interior por la reforma que se está negociando de la Ley de Seguridad Ciudadana, a apenas 24 horas de que agentes de todos los cuerpos policiales se unan en las calles contra Fernando Grande Marlaska, el Gobierno ahonda en las brechas que hay entre los cuerpos estatales y autonómicos, que van mucho más allá de lo salarial. Esta vez mejorando algunos accesos a la jubilación.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con ERC y EH Bildu –la coalición que integra en su seno a los herederos de Batasuna-ETA–, entre otras medidas, la posibilidad de que los agentes de los Mossos d´Esquadra y la Policía Foral de Navarra puedan jubilarse a los 60 años si a esa edad han prestado ya un servicio en el cuerpo de 35 años y todo ello con un mejor cómputo que asegura una pensión mayor.
Este es uno de los peajes políticos que pagará el Ejecutivo a cambio del sí de estos partidos a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Precisamente, uno de los asuntos que todavía están por resolver, según los principales sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, en relación con el famoso acuerdo de marzo de 2018 con el Ministerio del Interior para equiparar las condiciones de los agentes estatales con los autonómicos.
Actualmente, los policías y guardias civiles que ingresaron a sus respectivos cuerpos hasta 2010 están sujetos al régimen de clases pasivas, un régimen funcionarial a extinguir, por lo que pueden jubilarse a los 60 años si ya tienen 30 años trabajados. Sin embargo, los agentes que ingresaron a partir de 2010 juegan en otra liga, ya que dependen de las condiciones del Régimen General de la Seguridad Social.
Ahora mismo, en 2021, cualquier trabajador puede jubilarse a los 65 años si ha cotizado 37 años y 3 meses. Si ha cotizado menos, debe esperar a los 66 años. Para el año 2022, para poder jubilarse a los 65 años tendrá que haber cotizado 37 años y 6 meses, o deberá esperarse a los 66 años de edad y 2 meses para retirarse con su pensión máxima. Las condiciones van empeorando con el paso de los años.
Los agentes de ambos cuerpos tienen esas condiciones un poco mejoradas por sus respectivas leyes de personal, que les permiten irse a los 65 años, pero en ambos textos legales se incluye una expresión que a futuro pueden condicionar que puedan hacerlo o no: "siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello". Es decir, que su pase a la jubilación podría terminar posponiéndose como la de cualquier otro trabajador, quedando mucho mejor situados tanto los policías autonómicos catalanes como los navarros.
El último informe realizado por JUPOL (Justicia Policial), el sindicato mayoritario ahora mismo en la Policía Nacional, redactado en junio de este año, sobre las cuestiones pendientes para la equiparación real, refleja no sólo el problema de la llegada a la edad de jubilación, sino que además incide en la diferencia salarial entre cuerpos estatales y autonómicos porque Interior no tiene en cuenta el Complemento Específico Singular para el cálculo del Complemento de Disponibilidad, lo que hace disminuir los emolumentos mensuales de policías y guardias civiles.
La Jefatura Superior de Vía Laietana
Por si no fuera poco, también parece que podría haber un segundo peaje político. Se trata de la sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Barcelona, ubicada en la céntrica vía Laietana de Barcelona, y que fue asediada con especial saña por los violentos independentistas durante los disturbios que se produjeron en el otoño de 2019 a consecuencia de la sentencia contra los políticos que lideraron el proceso secesionista.
Los independentistas quieren expulsar a la Policía de ese edificio desde hace años, e incluso, tienen ya un proyecto ideológico –apoyado por los comunes de Ada Colau– para ubicar en el inmueble si consiguen expulsar al cuerpo policial. Se trata de una especie de museo de la resistencia antifranquista en Cataluña, que incluiría una sala de exposiciones con una muestra fotográfica, reproducciones de salas de interrogatorios franquistas, y salas para investigadores en la materia.
El acuerdo para apoyar los presupuestos saca a este inmueble policial, según ha detallado ERC, del plan de modernización multianual diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, permitiendo que la instalación continúe con su proceso de degradación y pueda terminar, dentro de unos años, siendo inservible para el trabajo policial, obligando a la Dirección General a cambiar la ubicación de la misma, como pretenden los independentistas.
El plan de modernización multianual de las instalaciones de Policía Nacional y Guardia Civil fue anunciado por Fernando Grande Marlaska poco después de llegar al Ministerio del Interior en 2018. Ya en ese primer momento se anunció que la Jefatura Superior de Policía de Cataluña estaría dentro del mismo, algo que ha confirmado en varias ocasiones posteriores en director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en sede parlamentaria. La última vez, a finales de este mes de octubre.
Incluso, este mismo mes de noviembre, el Gobierno ha negado por escrito en el Congreso de los Diputados a preguntas de Vox que tuviese cerrado un acuerdo con ERC para entregar la titularidad de este inmueble a alguna institución catalana. Claro está, de lo que no se hablaba en ningún momento en la batería de preguntas del partido de Santiago Abascal es que dejasen abandona económicamente la instalación, lo que parece que sí han pactado con ERC.