La Generalidad catalana está en pie de guerra contra el Tribunal Supremo por haber rechazado su recurso contra el 25% de clases en español en las escuelas. Como primera providencia, el consejero de Educación, el republicano Josep Gonzàlez-Cambray, ha enviado una carta a los directores de los centros escolares en la que les pide que desobedezcan al Tribunal Supremo y no cambien los planes lingüísticos que excluyen al español. "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora", les ordena en la misiva.
Por otra parte y en declaraciones a la emisora del conde de Godó, Gonzàlez-Cambray ha desvelado una conversación con la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la que esta le habría prometido que no pedirá la ejecución de la sentencia que obligaría a dar un 25% de clases en español. Traducido en términos prácticos, si los centros catalanes cumplieran el fallo, además de la asignatura de lengua castellana en castellano tendrían que impartir otra materia de carácter troncal.
Gonzàlez-Cambray ha explicado que el Gobierno pretende que se cumpla la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) y no la anterior norma, que según el titular de Educación de la Generalidad es la que quedaría afectada por la resolución del Tribunal Supremo. Con ese "argumento" en ristre, Gonzàlez-Cambray ha declarado que "tengo garantías de que la sentencia no es válida porque el Gobierno no la ejecutará".
En la misma línea de ignorancia jurídica, el consejero ha asegurado que la sentencia tampoco se debe cumplir porque "los jueces se inventan un problema que no existe en los colegios catalanes" ya que, según sus propios datos, sólo ochenta familias han pedido la escolarización de sus hijos en español en los últimos años. El dirigente separatista omite la brutal presión contra los disidentes de la inmersión ejercida por las asociaciones de padres en manos del independentismo, así como por parte de los responsables de los centros y muchos profesores.
En cuanto a la misiva, Gonzàlez-Cambray "informa" a los directores de los centros de que la ley que rige "es la catalana", de modo que no deben operar ningún cambio. El consejero de Educación ya dio cuenta de su talante cuando nada más tomar posesión de su cargo remitió otra carta a los directores y profesores en la que les calificaba de este modo: "Sois los protagonistas de los cambios que nos deparará la nueva Generalidad republicana".
El Gobierno se desentiende
El Gobierno, por su parte, ha confirmado las palabras de González-Cambray. Asegura que no se ve obligado a ejecutar la providencia del Supremo y que las competencias son del Ejecutivo catalán, que ya ha anunciado que se negará a cumplirlo. En esa línea, el único miembro del Consejo de Ministros en hablar de este tema era la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien se desentendía afirmando que "el Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos", informa Rubén Fernández.
Desde el Ejecutivo recuerdan que las competencias educativas las tiene la Generalidad y que deberían ser ellos los que aplicasen la sentencia. Pese a todo, la Moncloa ha encargado informes jurídicos sobre cuál sería la situación en cada escenario y a quién correspondería hacer cumplir la sentencia.
Los separatistas pedirán "cobertura jurídica"
Tanto ERC como el PDeCAT, partidos que han respaldado las cuentas de Sánchez, aseguran que pedirán "cobertura jurídica". Quieren que el Congreso de los Diputados elabore una ley que les posibilite saltarse la sentencia, informa Rubén Fernández.
Son conscientes de que, con la sentencia en la mano, "cualquier padre o asociación" podrían pedir que se cumpliese el 25% y eso, según fuentes separatistas, es lo que más temen. Lo que quieren ahora es que el PSOE y Podemos les ayude a crear una ley que impida "el caos", que según los independentistas, se podría generar. Lo que sea con tal de no permitir que un 25% de las clases sean en español.