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Vox, Cs y PP exigen suspender la autonomía si no se acata el fallo sobre el español en las aulas catalanas

ANC y Òmnium presionan al Govern y a los partidos separatistas para que fuercen a los centros escolares a desobedecer al Tribunal Supremo.

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El presidente de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, se ha mostrado partidario de suspender la autonomía catalana una vez que la Generalidad ha realizado un llamamiento al desacato por parte de los centros de enseñanza respecto a la aplicación de un 25% de español en las clases. Según Garriga, es de "extrema gravedad" que la administración catalana aliente las protestas contra el Tribunal Supremo.

El dirigente conservador considera que el Govern se ha declarado en rebeldía una vez que el Supremo haya rechazado su recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que abogan por una presencia mínima del español en los planes de estudio y que es "más necesario que nunca garantizar los derechos de los catalanes vulnerados por la mafia separatista".

También el PP y Ciudadanos se han mostrado partidarios de adoptar medidas drásticas si la Generalidad insiste en desobedecer al Tribunal Supremo. En el PP se ha aludido a la aplicación del artículo 155 mientras que Ciudadanos ha emplazado al Gobierno a que adopte medidas frente al desacato. El PSC, por su parte, se ha negado a asistir a una reunión convocada por el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para articular una postura común con los grupos que avalan la inmersión. Según el dirigente socialista Salvador Illa, la Generalidad debería ser flexible y dar más horas de catalán en Santa Coloma de Gramenet y más horas de castellano en Prats de Lluçanès.

Por su parte, las organizaciones y partidos separatistas llaman a la desobediencia frente a la resolución judicial y a la movilización en las calles. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium instan a la movilización callejera mientras que en Junts per Catalunya (JxCat) aprovechan para arremeter contra ERC por haber pactado los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno. El partido republicano, por su parte, también defiende la desobediencia a través del consejero de Enseñanza, Josep Gonzàlez-Cambray, quien asegura tener garantías del Gobierno de que no reclamarán la ejecución de la sentencia.

Quien ya ha anunciado que reclamara tal ejecución es la entidad Hablamos Español, que la pedirá como parte interesada. Además, presentará las solicitudes de los padres de alumnos que hayan firmado el escrito de reclamación elaborado por el equipo jurídico de la asociación. También anuncia la instalación de carpas para informar sobre el derecho a recibir una educación en la lengua materna y recabar el apoyo de más familias.

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