La Generalidad discriminó a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña en la campaña de vacunación contra el coronavirus. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ), la administración autonómica antepuso a los Mossos d'Esquadra y a los policías municipales al resto de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una acción con toda clase de componentes discriminatorios.
Ante la situación, el sindicato Jupol de la Policía Nacional y la organización Jucil, de la Guardia Civil, pusieron una denuncia contra la consejería de Salud de la Generalidad por la vía contencioso administrativa y el TSJC les ha dado la razón, lo que podría derivar en un proceso penal que afectaría a la anterior consejera y ahora vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés (ERC), y al actual consejero y entonces número dos del departamento, Josep Maria Argimon.
La resolución del TSJC expone que la Generalidad comenzó a vacunar a mossos y policías locales el 10 de febrero y que retrasó hasta mediados de marzo el comienzo de la vacunación de guardias civiles y policías nacionales, pero a un ritmo más lento a pesar de que se trataba de funcionarios con estrecho contacto con la ciudadanía e igual de expuestos que mossos y guardias urbanos.
La sentencia destaca también la renuencia de la consejería de Salud a ponerse en contacto con las direcciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña para organizar la vacunación. Tras el primer aviso del TSJC al departamento de Salud, se procedió a la vacunación de más de cuatro mil agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en un operativo que duró solo nueve días mientras que en los tres meses y medio anteriores sólo se había vacunado a poco más de setecientos agentes de estos cuerpos.
Discurso del odio separatista
Tras esa primera advertencia del TSJC, el separatismo salió en tromba en una indisimulada exhibición de discurso del odio. Puigdemont llegó a tuitear que "quienes agredieron a ciudadanos al grito de "¡a por ellos!" continúan privilegiados y protegidos por el sistema español. Los vacunarán pasando por delante de personas indefensas y pacíficas a las que golpearon de forma salvaje el día 1 de octubre de 2017". Y es que el doctor Argimon dijo que "cumplir la orden del TSJC obligará a retrasar la vacunación de los mayores de 70 años", lo que se demostró al poco tiempo como una falsedad.