El denunciante del caso del 8-M ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, la reapertura de la causa y la citación inmediata como testigo de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. En junio de 2020, la instructora acordaba el archivo provisional del caso al considerar que no había indicios delictivos suficientes contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación.
La semana pasada, Díaz reconoció en una entrevista que era consciente de la gravedad de la pandemia antes de las marchas feministas del 8 de marzo de 2020: "Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto teníamos que desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el Gobierno y también fuera se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue en la antesala del 8 de marzo".
En un escrito de 12 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el abogado denunciante Víctor Valladares representando a la Asociación Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGC), recuerda que la instructora dejó "abierta la puerta a reaperturar el presente procedimiento siempre y cuando pudiera acreditarse la existencia de una notificación de autoridad sanitaria competente al investigado, entendiendo que la misma ha existido o al menos se contempla la duda de si la misma llegó al señor Franco, y todo ello en base a las manifestaciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno.
"Las solas declaraciones son merecedoras de reabrir la presente investigación, con el fin de averiguar el paradero de esa guía y si finalmente llegó a manos o al conocimiento del Señor Franco", destaca.
"En el presente caso", añade, "Su Señoría entiende que los hechos no son atípicos, si bien no se ha podido demostrar, hasta el día de hoy, o eso intuimos, que el investigado haya recibido notificación de autoridad sanitaria competente de la existencia de un riesgo previo, obstáculo que entendemos se supera con las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno en relación al Procedimiento o Informe de Prevención de Riesgos Laborales fechado a 5 de Marzo de 2020, y cuya utilización y distribución dentro de la Administración Pública del Gobierno Central se desconoce y que es imperiosamente necesario de esclarecer judicialmente a través del presente Procedimiento".
"Resulta palmario y evidente que las declaraciones de la señora Díaz se remiten a un documento que este Juzgado ante el que tenemos el honor de dirigirnos desconocía su existencia y que era vital para la no celebración de las manifestaciones del 8-M del año 2020 en Madrid, si el delegado del Gobierno de Madrid hubiera atendido a su contenido, evidentemente, si éste lo hubiera recibido, aspecto que ha de investigarse a través del presente Procedimiento, reapertura por otro lado que debería haber solicitado el Ministerio Fiscal, recordemos, cuya misión es promover la acción de la Justicia en defensa de la Ley, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y no de quien lo debe administrar", sostiene el escrito.
Por todo ello, se solicita "la reapertura, reanudación y continuación del presente procedimiento, por aportar hechos nuevos que pueden acreditar el conocimiento previo por parte del investigado, el señor Franco, del riesgo de la celebración de las marchas del 8-M en virtud de notificación de autoridad sanitaria competente, acreditando además con ello la existencia del dolo reforzado que contempla el delito de prevaricación administrativa, a tenor de las declaraciones efectuadas por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de acuerdo al ‘Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)’, elaborado por la misma en la antesala del 8 de marzo de 2020, debiendo ser citada de inmediato para que preste declaración como testigo".
Responsabilidad patrimonial al Gobierno
Tal y como publicó LD, las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, sobre el 8-M y la pandemia de la covid-19 abren una "complicada" vía de reclamación patrimonial contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que los afectados o víctimas de la covid-19 pueden presentar una reclamación contra el Ejecutivo "por su falta de actuación".
Las mismas fuentes consultadas por este diario aseguran que "las declaraciones de Yolanda Díaz no serían suficientes. Es necesario acreditar un conocimiento completo, suficiente, claro, total y absoluto por parte del Gobierno de los efectos que iba a producir la pandemia. En segundo lugar, se debería demostrar que el Ejecutivo de forma consciente y deliberada no adoptó las medidas para eliminar o reducir el riesgo de la covid-19. Por último, la vía administrativa se encontraría nuevamente con el problema de conseguir acreditar la causalidad. Es decir, que la asistencia a la manifestación del 8-M provocó el contagio de la persona afectada".