El independentismo ha encontrado un banderín de enganche para superar su división y rearmarse. La guerra contra un mínimo porcentaje de español en las aulas está en marcha. El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, se ha puesto al frente de la manifestación. Le secundan el indultado Oriol Junqueras y el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, cuyas hijas se educan en un colegio concertado que sí respeta el 25% de horas en español.
Han tocado a rebato para manifestarse en contra de las familias de Cataluña que piden clases de español para sus hijos. Tratan de forzar la máquina y aumentar la presión para desincentivar a quienes pretendan que el castellano forme parte de la educación de sus hijos. El propósito es impedir una oleada de peticiones de ejecución de la sentencia.
La familia de Canet de Mar (Barcelona) insultada, amenazada y acosada por haber logrado la implantación de un 25% de español es utilizada por el separatismo como cabeza de turco, un ejemplo de lo que les puede ocurrir a quienes pidan la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificada por el Tribunal Supremo. Por otra parte, está siendo un ejemplo a seguir por quienes consideran que el español debe estar presente en las aulas y que los niños de los colegios públicos tienen los mismos derechos de quienes van a centros concertados y privados donde la inmersión lingüística se aplica con no pocos matices y donde se respeta un mínimo de español.
Que muchos dirigentes separatistas lleven a sus hijos a colegios concertados y con una presencia similar de español y catalán es una contradicción que no impide una defensa cerrada de la inmersión por parte de los partidos y el entramado de entidades separatistas.
La manifestación contra las familias del español ha congregado a medio centenar de estas organizaciones, desde Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a los sindicatos UGT y CCOO cuyas federaciones catalanes son una extensión más del separatismo. Los partidos separatistas y los comunes, la versión catalana de Podemos, también han secundado la marcha, que acaba delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia.
Pinchazo de asistencia
En la manifestación han participado poco más de dos mil personas, lo que confirma la fatiga de las bases independentistas y las graves dificultades para recrear las grandes concentraciones de antaño. El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ha atribuido la resolución del Tribunal Supremo sobre el 25% de español en los colegios a una "ofensiva de la derecha para rascar cuatro votos fuera de Cataluña". Y a pesar de la escasa participación en la marcha, ha asegurado que los contrarios al español en las escuelas han salido a la calle "para defender a la mayoría social del país".