Tras el señalamiento de la familia de Canet de Mar (Barcelona) que pidió enseñanza también en español para su hijo de cinco años, la Generalidad ha decidido querellarse contra Pablo Casado por las declaraciones del líder popular sobre la discriminación del español en las aulas. La Generalidad pretende de esa manera sacar rédito de unas palabras del presidente del PP tras haber sufrido un intenso desgaste al trascender la campaña de acoso, amenazas e insultos contra la familia que logró como medida cautelar que se imparta un 25% de español en la clase de su hijo de cinco años.
Pere Aragonès anunció el pasado sábado que estudiaba presentar una querella contra Casado por unas declaraciones que calificó de "infames". En una intervención en Galicia, el dirigente conservador afirmó que en Cataluña "hay profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a niños porque hablan castellano" o que "a los hijos de los policías nacionales y guardias civiles se les señala en clase y se dice que no pueden estar integrados", mientras que hay niños a los que además se les ponen "piedras en la mochila" por hablar castellano en el patio del colegio.
Según Aragonès, tales declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de odio. Además, aseguró que el profesorado de Cataluña había sufrido un "ataque indecente" por las palabras de Casado, que responden a noticias aparecidas en medios en los últimos tres años.
Ha sido la portavoz del gobierno regional, Patricia Plaja, la encargada de confirmar la querella en el Tribunal Supremo porque "hay líneas rojas que no se pueden traspasar y si se traspasan encontrarán al Govern combatiéndolas", ha manifestado. La defensa del profesorado contrasta con los ataques a la familia de Canet y las amenazas veladas contra quienes decidan seguir su ejemplo procedentes del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de ERC.
Tres institutos, "insumisos"
Por otra parte, contra quien no se querellará el gobierno catalán es contra los tres institutos de la provincia de Gerona que han suscrito un manifiesto en el que anuncian que no incluirán un 25% de español en sus planes de estudio a pesar de las resoluciones judiciales. Se trata de los institutos de las localidades de Sarriá de Ter, Celrá y Salt