Los cargos y la asignación de los fondos públicos son la argamasa del acuerdo de gobierno en Cataluña entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat). Pero el pacto no impide que los dirigentes de ambas facciones del separatismo se tiren los tratos a la cabeza a la mínima ocasión, incluso en aquellos asuntos en los que comparten programa y objetivos, como la erradicación del idioma español de la escuela en particular y de la vida pública en general.
Ni siquiera los presupuestos autonómicos, aprobados en tiempo y forma por primera vez desde 2009, han servido para destensar las relaciones entre republicanos y junteros. El líder de ERC, Oriol Junqueras, reprocha a la CUP que no haya aprobado los números y censura las críticas de JxCat a los presupuestos por el apoyo de los comunes, la versión catalana de Podemos. Junqueras no entiende que los de Puigdemont pongan reparos a unas cuentas elaboradas por uno de los suyos, el exdirectivo bancario Jaume Giró, consejero de Economía.
En cuanto a la CUP, Junqueras destaca la falta de confianza de los dirigentes antisistema en el gobierno liderado por Aragonès, a pesar del pacto a comienzo de legislatura, un pacto que incluye la celebración de una moción de confianza en dos años. Según Junqueras, está claro que en la CUP no confían en Aragonès ni en el Govern por lo que carecería de sentido llevar a cabo la moción. Sea como fuere, el discurso de Junqueras está plagado de reproches contra sus socios de gobierno y contra los parlamentarios. Sólo tiene buenas palabras para los comunes, liderados en el Parlament por Jéssica Albiach y cuya abstención ha permitido que las cuentas de Giró salieran adelante.
Pacto socialistas/separatistas
Giró, a pesar de las críticas procedentes de sus propias filas, vende la idea de que la aprobación de los presupuestos es un hecho histórico y que a pesar de las "limitaciones autonómicas" permitirán avanzar hacia la independencia. Como buen converso, el consejero no duda en hacerle la pelota a la CUP y en comentar siempre que tiene ocasión que él no asiste a los actos en los que participa el Rey.
En ese contexto de confusión, contradicciones y reproches entre separatistas, emerge la figura del PSC de Salvador Illa, recién nombrado primer secretario del partido en sustitución de Miquel Iceta y cuya primera providencia al frente del partido ha sido pactar con los grupos separatistas los nombramientos pendientes en organismo como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, la Agencia Catalana de Protección de Datos, el Consejo de Garantías Estatutarias, la Sindicatura de Agravios (defensor del pueblo autonómico) y la de Cuentas.
Con el reparto de cargos, el PSC ha insuflado energía a un Govern sin agenda y dividido por la mesa de diálogo con el Gobierno. Los socialistas catalanes se han prestado a que Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación del gobierno golpista de Puigdemont y que no entró en la cárcel porque dijo que se retiraba de la política, se haga cargo de la dirección de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Precisamente bajo el mandato de Borràs en Gobernación la Generalidad accedió a datos privados de los ciudadanos de Cataluña para elaborar un censo electoral propio.
Otro nombramiento chocante ha sido el del biógrafo y amigo de Puigdemont Xevi Xirgu como presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña. Los socialistas también han dado el visto bueno a que Esther Giménez Salinas, alto cargo en los gobiernos de Jordi Pujol, asuma la sindicatura de agravios en sustitución de Rafael Ribó, que llevaba desde 2004 en la poltrona sirviendo al nacionalismo y participando en la erradicación del castellano en las aulas.
El acuerdo con los socialistas permite a los grupos separatistas encarar la legislatura y más allá con piezas clave colocadas en el andamiaje institucional autonómico. A cambio, también ha colocado a algunos de los suyos, como Miquel Salazar, que se hace cargo de la Sindicatura de Cuentas.
El pacto entre socialistas catalanes y separatistas explica, además, la posición "neutral" del PSC en el caso de la familia acosada en Canet de Mar (Barcelona) por haber logrado un 25% de clases en español para su hijo de cinco años.
