La entrega del control de las cárceles vascas al Gobierno de Iñigo Urkullu que aprobó Pedro Sánchez ya comienza a dar sus lamentables frutos, tal y como temían las víctimas de ETA, quienes alertaron de que esto supondría beneficios para los etarras.
Así, el Gobierno Vasco destinará 6 millones de euros al incremento de plazas residenciales para que los reclusos que reúnan las condiciones exigidas puedan cumplir sus penas en régimen abierto, según ha anunciado la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, que ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con un modelo penitenciario orientado a la "resocialización" de los presos y a la reparación del daño causado a las víctimas, aunque no ha dicho ni una palabra de cómo van a reparar dicho daño.
Artolazabal ha presentado en Vitoria la Agencia de Reinserción Social Aukerak, destinada a la reinserción social de los presos de los centros penitenciarios vascos a través de la formación laboral, también la de los terroristas de ETA.
El Gobierno vasco ha asegurado que casi la mitad de los presos de ETA que cumplen condena en las cárceles de País Vasco participan en "talleres propios" vinculados con los economatos, la jardinería y las bibliotecas, que favorecen el acortamiento de sus penas. De los 84 presos de ETA que cumplen condena en el País Vasco, 61 se encuentran en régimen ordinario, mientras que 14 cumplen su pena en régimen abierto y nueve están en libertad condicional. El número de presos etarras en las prisiones del País Vasco se incrementará en los próximos días ya que Instituciones Penitenciarias anunció el pasado 30 de diciembre la concesión de otros siete traslados de presos condenados por terrorismo.
Artolazabal ha reiterado que pese a que "el interés" de determinados agentes políticos y mediáticos se centra en este colectivo "concreto", la gestión del Gobierno Vasco está dirigida "a todo el conjunto de internos, sin excepcionalidades ni tratamientos específicos para colectivos específicos", toda una declaración de intenciones.