Podemos lo ha vuelto a hacer. Arremeter contra cualquier juez que no haga lo que el partido de extrema izquierda es una constante. Da igual si se trata de una sentencia contra uno de los suyos, si es por una de sus muchas leyes que vulneran la Constitución, si es por la renovación de los miembros de CGPJ. Podemos no respeta la separación de poderes ni la Justicia si no les favorece. Incluso organizó un aquelarre en el Congreso contra jueces y policías.
Esta vez, Podemos ha criticado que el rechazo del Consejo General del Poder Judicial a la ponencia favorable a la futura Ley de Vivienda hace "dudar de la imparcialidad" que debería hacer gala el organismo, y desliza que algo ha tenido que ver la mano de las "élites del ladrillo" en este cambio de criterio.
El órgano de gobierno de los jueces ha echado para atrás el informe que validaba el anteproyecto de Ley de Vivienda al considerar que viola competencias autonómicas.
Pero los podemitas saben mucho más de competencias y Constitución que nadie. En rueda de prensa la coportavoz estatal y responsable de la formación morada, Alejandra Jacinto, ha reprochado que este asunto se ha usado como "coartada" para provocar un retraso "injustificable de la norma" y que el CGPJ se ha "extralimitado" en sus competencias, dado que su pronunciamiento debería haberse ceñido al cambio dentro del Código Civil para prohibir desahucios sin alternativa habitacional.
Y como el informe no es vinculante, exige al PSOE que haga caso omiso a los jueces y siga con ellos en la aprobación de esta normativa.
Considera Podemos que "en materia de vivienda hay dos polos, la defensa de su consideración como derecho humano por parte de los colectivos sociales y el bloque de investidura, frente a "algunos sectores de la Judicatura", el "lobby del ladrillo" y los "especuladores" al generar un "retraso evidente" a una ley que garantizará bajada de alquileres, la movilización de vivienda vacía, la movilización de un parque público de pisos y el freno a los desahucios sin alternativa habitacional. El discurso populista y demagógico habitual de la ultraizquierda.
También ha reprochado que el CGPJ tampoco cumple los plazos legales que debía haber seguido y que entrar en disquisiciones sobre el impacto competencial de la norma supone una extralimitación de funciones que "no debería tener cabida". Es más, ha recalcado que medidas como la regulación del precio del alquiler va en la línea de las actuaciones emprendidas por la Generalitat catalana y valenciana, con resultados desastrosos.
Finalmente, Jacinto ha apuntado que la Ley de Vivienda debería retomar su tramitación en febrero y ha opinado que existe margen para mejorar el texto en el Congreso, como han manifestado socios parlamentarios del Ejecutivo y colectivos sociales, sin perjuicio de que esta norma ya consagra la vivienda como un derecho. Lo relevante, ha concluido, es que se obtenga un texto legal lo "más garantista posible" y que salga cuanto antes.