El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido a preguntas de Vox la "total independencia" de la Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado en el caso del que fuera fiscal Anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa.
Tal y como desveló este diario, Stampa presentó una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia denunciando presuntas "irregularidades" cometidas por Delgado en el procedimiento penal abierto contra él en la Fiscalía Provincial de Madrid por presunta revelación de secretos en la causa de Villarejo. Stampa relataba que la fiscal general ordenó investigar una denuncia presentada por su pareja Baltasar Garzón y que, posteriormente, el Ministerio Público eliminó las pruebas de su intervención. También denunció que la propia Delgado se negó a entregarle las comunicaciones que fueron "desglosadas" del procedimiento y que recogían sus órdenes a través de su mano derecha, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.
Vox formuló el pasado mes de noviembre en un escrito de 9 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, una serie de preguntas sobre el caso Stampa al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. El escrito firmado por la portavoz adjunta de la formación, Macarena Olona, planteaba tres cuestiones. En primer lugar, "¿qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en cuanto departamento encargado de las relaciones del Ejecutivo con la Administración de Justicia, para evitar que se repitan en el futuro hechos como los descritos?".
En segundo lugar, Vox planteaba si había "remitido el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado alguna comunicación" en relación a este caso y por último, en caso afirmativo a dicha cuestión, "en qué fechas y con qué contenido" y en qué había consistido "la respuesta de la Fiscalía General del Estado", sí ésta había existido.
En su respuesta a Vox, el Ejecutivo informa que "no ha habido ninguna comunicación entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado en relación con la investigación o el apartamiento sobre Don Ignacio Stampa Fuente por presunto delito de revelación de secretos cometido en el marco de su actuación en el llamado ‘caso Tándem’".
El Gobierno recuerda que "el artículo 124 de la Constitución Española, establece en sus puntos dos y tres, que: ‘El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal’".
Además añade, que "la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 2.1, establece que: ‘El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad’".
"Es por ello que el Ministerio Fiscal actúa con total independencia, sin que por parte del Gobierno pueda dirigirse mandato o instrucción alguna sobre su funcionamiento u organización", concluye el Gobierno.
La demanda de Stampa ante el TSJM
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido una batería de pruebas aportadas por el fiscal Ignacio Stampa en la demanda que presentó contra la Fiscalía después de que se le denegara el acceso al expediente completo de la investigación que se siguió en su contra cuando estaba en Anticorrupción al frente del caso Villarejo.
Recordamos que tras hacerse pública la demanda, el caso de Stampa llegó al Consejo Fiscal y la Asociación de Fiscales (AF) instó a la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que le permitiera acceder al expediente. Según informó la AF en un comunicado, Delgado se negó a responder alegando que era "materia reservada".