La familia Pujol no tiene duda alguna de que Hacienda les tendrá que devolver los 1,7 millones de euros que pagaron en 2014 para regularizar sus cuentas en Andorra. Se amparan en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado que la legislación española que obliga a declarar a los residentes los bienes y derechos en el extranjero a través del llamado "modelo 720" es ilegal, que menoscaba la libre circulación de capitales en la Unión Europea y que las sanciones son "desproporcionadas".
De hacer caso a los letrados de los Pujol, no hubiera hecho falta que el expresidente de la Generalidad confesara el 25 de julio de 2014 la existencia de una una fortuna oculta en Andorra y que, según dijo, se había olvidado declarar absorbido por sus ocupaciones y preocupaciones de presidente de la administración autonómica catalana. Pujol confesó la existencia de ese dinero (una especie de herencia, dijo, de su padre) entre otras razones para desviar el foco sobre sus hijos, en especial el primogénito, cuyas andanzas financieras eran tan escandalosas que habían provocado el comienzo de una investigación judicial en la Audiencia Nacional. Tras la confesión del patriarca, la familia aportó 1,7 millones para aclarar sus cuentas con Hacienda.
Confesión teatral
Los abogados de los Pujol, Cristóbal Martell y Albert Carrillo entre otros, apuntan que no sólo se les tendrá que devolver el dinero, sino que habrá que hacerlo con los correspondientes intereses de demora. A pesar de la teatral confesión de Pujol, la familia alegó cuando pagó esos 1,7 millones que lo hacían de forma cautelar porque el "modelo 720" ya había sido denunciado por la Comisión Europea. Y para más escarnio, adujeron que no habían cometido ninguna irregularidad porque tenían cuentas en Andorra desde hace más de veinte años y la "irregularidad" prescribía a los cuatro años.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el Gobierno modificará en breve el "modelo 720" de declaración de bienes en el extranjero, aunque ha recordado que continúa en vigor, informa Efe. La intención del Ejecutivo es aprobar la modificación de la norma antes de que termine el plazo de presentación de este ejercicio, el 31 de marzo.
En relación al "modelo 720", desde su entrada en vigor se han impuesto multas por unos 230 millones de euros, una cantidad que ahora está en discusión para muchos de los afectados. La diferencia de la mayoría de ellos con los Pujol es que no forman una "organización criminal", tal como se puede leer en el sumario del caso Pujol.