Aviso de la Fiscalía de Cataluña a las autoridades políticas y educativas de la Generalidad. Como primera providencia, el fiscal especializado en delitos de odio ha abierto diligencias informativas por el acoso y señalamiento de la familia de Canet de Mar (Barcelona) que consiguió una resolución judicial favorable a que su hijo de cinco años recibiera el 25% de los contenidos lectivos en español. Y en segundo lugar, advertencia al consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), y a directores y docentes sobre la aplicación del fallo del 25% de español en la aulas.
El documento del Ministerio Público define lo ocurrido en Canet como "execrables actos de linchamiento moral y atentado contra la seguridad personal y familiar" y en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 16 de diciembre de 2020, que fija un 25% de español en las clases, señala como principal responsable de su ejecución al consejero regional. No obstante, advierte a los directores de centros y a los profesores.
Los directores son los responsables de la confección, ejecución y modificación de los proyectos lingüísticos de los centros, apunta el escrito, que advierte del riesgo de ignorar que el español también tiene carácter vehicular en la enseñanza. La sentencia -prosigue- es "perfectamente comprensible" y sus destinatarios, autoridades políticas y docentes, "los cuales quedan obligados a su cumplimiento en los términos previstos en el artículo 118 de la Constitución (es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto), así como a arrostrar la responsabilidad derivada de una eventual desatención".
Proyecto para diluir la sentencia
La Generalidad dispone de dos meses para aplicar el fallo, pero el próximo viernes finaliza el plazo para informar de las medidas que va a adoptar para ejecutar la sentencia. La intención del gobierno regional es arbitrar un nuevo entramado legislativo que contribuya a diluir la presencia del español en los centros educativos. El objetivo, según explica el diario Ara, es dar autonomía a los centros para que sean ellos quienes puedan "adaptar" su política lingüística a la realidad social del lugar donde están insertos. Así, el borrador plantea "los criterios (...) para el aprendizaje de las lenguas (...) teniendo en cuenta la composición lingüística del alumnado y la realidad sociolingüística del entorno de cada centro". El objetivo, según la Generalidad, es que los alumnos acaben la enseñanza obligatoria con pleno dominio del catalán y el castellano. En teoría, lo mismo que ahora.
Evitar los suspensos
La consejería aprovecha el nuevo diseño legislativo para introducir una singular variante en materia de calificación de los alumnos. Al final de cada ciclo (segundo, cuarto y sexto de Primaria) propone cuatro calificaciones: logro excelente, logro notable, logro satisfactorio y en proceso de logro. Se evita así el término suspenso.