Once detenidos, un teniente de alcalde socialista de Cornellá del Llobregat, un exconcejal de Deportes y nueve funcionarios, es el balance provisional de la última operación de la UDEF, la unidad de delitos económicos y fiscales de la Policía Nacional, llevada a cabo en Cataluña. Se trata de una derivada del caso por el que está imputada Núria Marín, la alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona.
La dirección de los socialistas catalanes, encabezada por el exministro Salvador Illa, está en alerta. Se alberga la inquietud que los contratos que investiga la Policía Nacional, alusivos a desvío de fondos en materia de arbitrajes de competiciones infantiles, sean la punta del iceberg de un sistema clientelar horadado por la corrupción. La sombra del cobro de comisiones planea sobre determinadas operaciones municipales tanto en Hospitalet como en Cornellá, donde el socialista Antoni Balmón gobierna en coalición con los "comunes", la versión catalana de Podemos.
Además de las detenciones, los agentes de la UDEF se incautaron de abundante material documental e informático por orden del juzgado de instrucción número 4 de Cornellá, causa derivada del presunto desvío de subvenciones detectado en el Consejo del Deporte de Hospitalet.
La Policía sigue el rastro de un acuerdo suscrito en 2018 entre el Ayuntamiento de Cornellá y el Consejo del Deporte por valor de unos ochenta mil euros para la contratación del arbitraje de competiciones deportivas escolares. Según las pesquisas judiciales, los detenidos podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración pública.
El Ayuntamiento de Cornellá niega cualquier irregularidad, pero en el PSC existe el temor a que la causa que afecta a Núria Marín se extienda ahora a Cornellá y salpique a otras localidades gobernadas por los socialistas y que también llegaron a acuerdos con el Consejo de Deportes del Bajo Llobregat.