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Nueva demanda de Sociedad Civil Catalana en el Tribunal de Cuentas contra los líderes golpistas por 5,3 millones

La entidad reclama 3,3 millones de euros a Carles Puigdemont, 2,5 a Oriol Junqueras y 1,8 a Artur Mas.

La entidad reclama 3,3 millones de euros a Carles Puigdemont, 2,5 a Oriol Junqueras y 1,8 a Artur Mas.
Oriol Junqeuras, Carles Puigdemont y Artur Mas | EFE

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha demandado ante el Tribunal de Cuentas a once ex altos cargos de la Generalidad bajo la acusación de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros en gastos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre y la propaganda internacional del proceso separatista al margen de las competencias estatutarias de la Generalidad.

Los señalados en la demanda son: Carles Puigdemont (3.303.000 euros), Oriol Junqueras (2.515.000), Artur Mas (1.840.000), Raül Romeva (617.000), Dolors Bassa (1.301.000), Francesc Homs (1.936.000), Toni Comín (1.134.000), Clara Ponsatí (900.000), Jordi Turull (505.000), Neus Munté (338.000) y Lluís Puig (238.000).

SCC atribuye a estos individuos "uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a observadores de la consulta ilegal o contratos de lobbies para promoción de la causa independentista con el dinero de todos los ciudadanos".

La vicepresidenta de SCC Elda Mata ha declarado a las puertas del Tribunal de Cuentas que "durante años el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad, pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial". La dirigente de la organización constitucionalista ha dejado constancia además de que SCC será la única acusación pública en la causa y que los directivos de la entidad se juegan miles de euros en costas.

La demanda lleva la firma del letrado Juan Chapapría, quien ha resaltado que se ha llevado a cabo un "largo y riguroso trabajo de análisis de todas las partidas (contenidas en más de 34 gigas de documentación), que ha durado meses". También ha explicado que se ha optado por acusar finalmente a los responsables públicos y responsables últimos de las decisiones cuya participación se ha podido documentar y catalogar claramente, siguiendo también las "Actas de Liquidación" del propio Tribunal.

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