El magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, tendrá la última palabra en la resolución de los beneficios penitenciarios concedidos a los presos de ETA. De Prada ha llegado a defender públicamente que se han producido "torturas de forma clara" a etarras.
Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Libertad Digital afirman que "el magistrado De Prada ha obtenido una de las plazas vacantes de la Sección Primera de la Sala Penal, que se encarga de ratificar o revocar las decisiones de Vigilancia Penitenciaria. Se incorporará a finales de abril a su plaza". Los magistrados Concepción Espejel y Ramón Sáez Valcárcel al ser designados magistrados del Tribunal Constitucional dejaban dos vacantes en la Sección Primera de la que forman parte los magistrados Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Adoración María Riera Ortiz y Francisco Javier Vieira Morante, los nuevos compañeros de De Prada.
"Se convocó un concursillo interno en la Audiencia Nacional para cubrir una de las plazas vacantes en la Sección Primera de la Sala Penal. José Ricardo de Prada es el magistrado con más antigüedad y, al solicitar la plaza, la ha conseguido", apuntan.
José Ricardo de Prada (Madrid, 1957) aterrizó en la Audiencia Nacional en 1990 y es magistrado de la Sala Penal. Hasta ahora, desarrollaba sus funciones en la Sección Segunda. Fue el artífice de la moción de censura que consiguió derrocar al Gobierno de Mariano Rajoy y llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa. De Prada tumbó al Ejecutivo del PP con la sentencia sobre la primera época del caso Gürtel en la que cuestionó la "credibilidad" del propio Rajoy y en la que los populares fueron condenados a pagar 245.000 euros de multa como partícipes a título lucrativo de la trama corrupta.
Especialmente polémicas han sido sus decisiones judiciales relacionadas con el terrorismo de ETA o de los CDR en Cataluña. Además, fue uno de los magistrados que apoyó públicamente a Baltasar Garzón cuando fue juzgado en el caso de las escuchas ilegales en Gürtel por el que fue finalmente inhabilitado como juez. La Sección Primera en la que se integrará De Prada enjuiciará también la trama Púnica de corrupción que afecta al PP.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian "el peligro" de este movimiento de José Ricardo de Prada para integrar la Sección que decide sobre los beneficios penitenciarios de los presos etarras. "El cambio de Sección de De Prada se produce justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska e Instituciones Penitenciarias de Ángel Luis Ortiz están en el punto de mira, tras el informe de la Guardia Civil que recogía la línea de comunicación directa que mantenían con los presos etarras y sus abogados para conseguir beneficios penitenciarios", apuntan.
"Además, en los próximos meses podrían salir de la Audiencia Nacional algunos de los fiscales más beligerantes respecto a los beneficios concedidos a los etarras y que más recursos han presentado. Dicha salida de los fiscales junto a la recolocación de De Prada en la Sección Primera allanaría la política de beneficios penitenciarios del Ejecutivo de Sánchez a los etarras", concluyen.
Recordamos que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado una manifestación en Madrid para el próximo 2 abril que será secundada por otras asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia bajo el lema: "No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo".
De Prada afirmó que se torturó a etarras
En el año 2011, José Ricardo De Prada justificó el chivatazo a ETA en el caso Faisán porque, según su criterio, se produjo en un contexto de negociación que el Gobierno socialista mantenía con la banda terrorista y porque sus autores fueron policías que seguían órdenes. Aseguró literalmente que el chivatazo fue una "acción de oportunidad y eficacia discutible pero, en todo caso, tendente a evitar de una u otra manera futuras acciones terroristas".
En otra ocasión, De Prada rechazó condenar a un joven que había realizado una pintada a favor de ETA descartando el delito de enaltecimiento de terrorismo porque se trataba de un "texto inacabado de contenido interpretable". En un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid afirmó incluso que las penas a etarras eran "altas y desproporcionadas".
La Asociación de Víctimas del Terrorismo AVT le denunció ante el Consejo General del Poder Judicial por afirmar que en España "las torturas se han producido de forma clara". Dichas acusaciones las realizaba en una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Tolosa, compartida con el abogado de ETA Íñigo Iruin, y bajo el título "Excepcionalidad jurídica en Euskal Herria". "Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de derecho", añadía.