La Oficina Antifraude catalana investiga un singular contrato suscrito por la Generalidad en los primeros días de confinamiento durante la pandemia de coronavirus, a finales de marzo de 2020. En aquellos momentos, el Gobierno catalán se amparó en el procedimiento de contratación de urgencia para encargar una empresa llamada "Basic Devices" la importación de China de mascarillas quirúrgicas y FPP2, batas de protección, respiradores pediátricos y de adultos y diverso material sanitario. Acto seguido la administración autonómica pagó en concepto de anticipo 35 millones de un total de 60,58 millones de euros.
Alertados algunos altos cargos de la Generalidad por parte de entidades financieras catalanas de que podía tratarse de una estafa, la administración denunció a los responsables de la firma. Sin embargo, tres días después pidieron cancelar la denuncia porque según el secretario general de Presidencia de la Generalidad, entonces Albert Castellanos, la empresa había aportado información y garantías sobre su solvencia.
A principios de mayo de ese año, la Generalidad decidió "redimensionar" el contrato y dejarlo en los 35,6 millones que había pagado de anticipo por un material que se limitaba a mascarillas y batas. Según los responsables del Institut Català de la Salut (ICS), lo entregado por la empresa se ajustaba a lo pedido. En aquel momento dirigía el ICS Josep Maria Argimon, que sería nombrado consejero de Salud por la cuota de JxCat tras las últimas elecciones autonómicas.
Plazo de treinta días
Ante las notorias irregularidades, la Oficina Antifraude ha dado treinta días al consejero de Economía, Jaume Giró, y a la directora general del ICS, Yolanda Lejardi, para que remita toda la información sobre el contrato.
Según el análisis llevado a cabo por la Oficina Antifraude, falta información sobre los contactos previos con Basic Devices entre otras razones porque la empresa no consta en el Registro Público de Contratos del gobierno catalán. Además, en el momento del encargo, la empresa no disponía de personal contratado, hay una incongruencia de fechas "con el momento en que se realizó la declaración responsable de la empresa contratista sobre su capacidad, solvencia y representación" y no hay cobertura legal para un anticipo de 35 millones.
Así, el informe de Antifraude sostiene que "el abono de esta importante cantidad se hizo sin que se encuentre en el expediente administrativo aportado por el ICS ninguna justificación documentada sobre la necesidad inaplazable e inevitable de realizarse". En un ejemplo de benevolencia, se califica el pago de "acto de temeridad" y "riesgo no controlado". También se sospecha del cambio del importe del contrato de 60 a 35 millones.