Ada Colau ha tenido que declarar este viernes en el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona por los delitos de malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. Se trata de una investigación a raíz de una denuncia por las subvenciones sin control y sin concurso a entidades como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ingenieros Sin Fronteras o las plataformas antihipotecas y contra la pobreza energética.
Colau ha entrado por la puerta de atrás en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Barcelona en un intento por evitar a los medios de comunicación antes de su declaración. En la puerta principal le esperaban menos de cincuenta personas, todas ellas reclutadas por el partido de Colau para apoyar en el trance a su dirigente a pesar de que esta y sus asesores jurídicos se han dedicado en las últimas semanas a relativizar la comparecencia a la justicia y de acusar de intereses privados y poco claros a los denunciantes, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.
La denuncia se basa en la inyección de dinero a entidades como las citadas, en las que trabajó Colau, para propósitos que no tenían nada que ver con la ciudad. El objetivo era, según el texto de la querella, "financiar los salarios, actividades y funcionamiento general de estas organizaciones". Como prueba indica los títulos de algunos de los supuestos informes financiados con dinero público: "Fortalecer capacidades en la provincia de Inhambre" (Mozambique) o "Compost y educación ambiental en Maputo".
El "patrono" Boye y los diputados de Podemos
Se da la circunstancia de que además de Colau también trabajaron en el referido "Observatorio" los ahora diputados podemitas Jaume Asens o Gerardo Pisarello. Uno de los patronos de la entidad supuestamente más favorecida por el Ayuntamiento de Barcelona es el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla.
Colau trató por todos los medios de no tener que comparecer ante el juez, que rechazó sus pretensiones y advirtió de que contra la admisión de una querella no cabe recurso. Los letrados municipales se escudaban también en que la Fiscalía rechazó una primera denuncia formulada en términos muy similares.
Ante el juez Ignacio Sánchez García-Porrero, la alcaldesa ha negado tener relación alguna con las subvenciones investigadas, ha alegado que algunas de ellas son de los tiempos de su antecesor, el alcalde convergente Xavier Trias y ha asegurado que en 2020 se modificó el sistema de subvenciones. Algunos ciudadanos que apoyaban a Colau cruzaron insultos con simpatizantes de Vox que pedían la dimisión de la primera edil de Barcelona.