El pasado 8 de febrero de 2022, la Abogacía del Estado solicitó el sobreseimiento libre del caso Ghali respecto de sus dos defendidos por entender que no había delito alguno que se les pudiera atribuir. El Ministerio Fiscal interesó el archivo provisional y las acusaciones populares se opusieron a la petición de la Abogacía del Estado. El juez Rafael Lasala Albasini ha resuelto mantener la imputación de la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y sobreseer la correspondiente a su jefe de gabinete, Camilo Villarino.
El juez, cuyo auto del pasado día 10 de marzo resumimos, indica que cree oportuno el archivo provisional y no el sobreseimiento libre en lo que se refiere a la falsedad documental atribuida a los dos representados por la Abogacía, los ya citado Villarino y González Laya, pues hasta el momento no se ha conseguido indicio alguno de que participaran en la falsificación de un documento de identificación personal de Ghali o en la presentación del mismo en el Hospital de San Pedro, de Logroño.
Tampoco cabe hablar, sostiene el juez, de un encubrimiento de los delitos por los que se investigaba a Brahim Ghali en dos causas distintas de un Juzgado Central de Instrucción (una ya sobreseída y la otra convertida en sumario) pues el encubrimiento implica que los investigados debían conocer la comisión del delito. En realidad sólo podían saber que estaba acusado de tales delitos, no pudiendo tener certeza de su comisión.
En cuanto a la posible prevaricación, motivo principal de la instrucción hasta el momento, el juez admite que no es fácilmente apreciable, "sobre todo respecto de Camilo Villarino" si bien no puede desecharse su existencia al momento actual. Por tanto, el juez sobresee provisionalmente las actuaciones únicamente respecto de Camilo Villarino Marzo.
Por tanto, la condición de imputada o investigada de la ex ministra González Laya no sufre alteración, lo que justifica el juez Lasala mediante un relato pormenorizado de los hechos. Pero el juez menciona con claridad la responsabilidad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que le corresponde legalmente la dirección de los hechos.
Escribe el juez: "Conforme la Ley 50/1997 del Gobierno, en cuyo artículo 4 se dice que les corresponde a los Ministros, como titulares de sus Departamentos, la competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, así como el desarrollo de la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno, mientras que el artículo 2 atribuye al Presidente del Gobierno la dirección de la acción del Gobiern"o, añadiendo además que "coordina las funciones de los demás miembros del mismo".
Y añade: "Pues bien, promovida la cuestión por la titular de Asuntos Exteriores tras recibir una llamada desde Argelia, la decisión última correspondía al Presidente del Gobierno, sabiendo los Ministros de Interior y de Defensa que por tal decisión habían de comunicar a determinadas Autoridades y funcionarios de sus departamentos que siguieran las instrucciones que diera Camilo Villarino sobre este particular.
Los hechos que siguen justificando la imputación de Laya
¿Qué ocurrió desde el 14 al 23 de abril de 2021? El día 14, la ex ministra recibió una llamada de una persona sin identificar por ser secreto oficial. Esa persona le pidió que sometiera "a consideración la posibilidad de acoger en España a Brahim Ghali pues padecía covid y, atravesando una fase avanzada de la enfermedad, se creía conveniente su tratamiento en nuestro país."
Tras esa llamada, la ya ex ministra inició "una serie de preparativos destinados a hacer discreto el ingreso en un hospital de España para el caso de que se aceptara la petición hecha desde Argelia y se contactó a tal fin con las autoridades correspondientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja para que indagaran si había disponibilidad en el Hospital Público de Logroño para atender a Brahim Ghali.
En la noche del 15 de abril de 2021, su Jefe de Gabinete (del Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino), recibió una llamada telefónica de la Directora de Gabinete de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, quien le preguntó si sabía algo acerca de la posible llegada del dirigente del Frente Polisario a España pues se lo había comentado poco antes la Vicepresidenta Primera del Gobierno (entonces Carmen Calvo) y quería confirmar" el asunto. Villarino le respondió que no sabía nada.
El hasta ahora imputado Villarino llamó al día siguiente, 16 de abril, a su Ministra de Asuntos Exteriores y "ésta le confirmó que había recibido una petición en el sentido antes expuesto y que estaba pendiente de aceptación tal solicitud, indicándole la Ministra a Camilo -según éste- que la petición la había recibido el día anterior, 15 de abril."
(Mientras tanto, la Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja encargaba ciertas gestiones sobre la posible asistencia sanitaria en Logroño a su Jefe de Gabinete, Eliseo Sastre, para indicarle que, en su caso, se pondría con él en contacto el Director de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, el citado Villarino).
El domingo 18 de abril la investigada ex ministra González Laya dijo al "también investigado Camilo Villarino Marzo que se había tomado la decisión de aceptar la petición hecha por las autoridades argelinas y que delegaba en él las facultades precisas para hacer efectiva la llegada a España del enfermo y su traslado al Hospital de Logroño. A tal fin, le proporcionó los números de tres líneas telefónicas para contactar con una Autoridad en Argelia, cuya filiación no ha sido dada, con el Teniente General Francisco Javier Fernández Sánchez, Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, y con Eliseo Sastre, Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja. "
Para no contrariar los intereses de un país vecino, Marruecos, que consideraba de modo abiertamente hostil al mencionado Brahim Ghali, se dispuso que la recepción del enfermo fuese discreta. Por ello, Villarino pensó al provenir el avión de un país externo a la zona Schengen (Argelia), sería mejor no pasar el control de pasaportes pues podría haber alguna alerta sobre él, proponiendo a la entonces Ministra que se dieran instrucciones en tal sentido, manifestando ésta su total conformidad e inmediata aprobación a la propuesta que se le hacía.
Tras contactar en Logroño con las autoridades afectadas, Villarino encargó al responsable autonómico que una ambulancia del Servicio de Ambulancias de La Rioja acudiera a recoger al enfermo al aeropuerto de Zaragoza a la hora de aterrizaje. También contactó Camilo ese día con el Teniente General Francisco Javier Fernández Sánchez, Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire, advirtiendo de la llegada de un avión de Estado argelino e indicando que no se hicieran trámites de aduanas o inmigración pues "quien lo tiene que saber ya lo sabe" (WhatsApp del 18 de abril).
El Teniente General trasladó las instrucciones al General Jefe de la Base Aérea de Zaragoza donde debía aterrizar el avión argelino que trasladaba al enfermo. Aunque provenía de país no perteneciente a la zona Schengen, se ordenó no se llevara a cabo el preceptivo control de pasaportes que se realiza en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en la zona civil del aeropuerto de Zaragoza, ni el de aduana al personal que viajaba en la citada nave (cuya filiación no se aportaba).
Al General Jefe de la Base Aérea se le comunicó tan sólo que en aquel avión viajaba una persona enferma que iba en camilla medicalizada y que disponía de pasaporte diplomático argelino. Unos minutos antes de las siete y media de la tarde del 18 de abril de 2021 tomó tierra en la Base Aérea de Zaragoza una aeronave de Estado de la República Argelina Democrática y Popular estando ya en el recinto la ambulancia del Servicio Riojano de Salud.
En la misma se acomodó al varón enfermo, Brahim Ghali, trasladándole al Hospital San Pedro, de Logroño, junto a un familiar que le acompañaba en la aeronave. La citada ambulancia llegó hacia las diez de la noche al Hospital y se ingresó al paciente con los datos del pasaporte que aportó un acompañante, figurando en tal documento la filiación de Mohamed Benbatouche, nacido el 19 de septiembre de 1.950, embajador retirado (ambassadeur à la retraite), y como fecha de expedición del pasaporte ese mismo día 18 de abril de 2021.
Derivado a la UCI por su situación crítica, el responsable de dicho Servicio se fijó en que en la documentación figuraba el nombre de Mohamed Abdellah y no el de Mohamed Benbatouche, que era quien había ingresado con ese nombre.
El 21 de abril se publicó en un medio de comunicación que Brahim Ghali estaba en España, ingresado en un Hospital de Logroño y se desencadenó una crisis diplomática con el Reino de Marruecos pues los correspondientes responsables políticos de este país entendían que era un agravio el cobijo y asistencia que se otorgaba en España a una persona perseguida en aquel país y al que tiene como máximo dirigente del grupo armado con el que se encuentra enfrentado desde hace décadas, estando además en guerra abierta en ese momento.
Ghali, además, estaba imputado dos causas abiertas por graves delitos en los Juzgados Centrales de Instrucción. Por ello, "la Directora de Gabinete del Ministerio de Interior, Susana Crisóstomo, telefoneó a Camilo Villarino el viernes 23 de abril de 2021 y le dijo que, conforme le había indicado previamente el Ministro de Interior, se iba a comunicar a la Audiencia Nacional la presencia de Ghali en España en función de las causas que tenía abiertas. Pero Interior no lo hizo.
Parece todo adecuado en cuanto al tratamiento humanitario de un paciente, fuese quien fuese, pero dice el juez que "lo realmente trascendente a los efectos de la prevaricación es aclarar si se decidió asistir a Brahim Ghali y permitir su acceso a España a sabiendas de que estaba interesada su declaración como investigado en dos causas penales e intentada su localización en varias ocasiones, acordando no comunicar nada al Juzgado Central de Instrucción, asegurando igualmente las condiciones necesarias para que nadie lo pudiera hacer. Es este segundo acuerdo y no el primero el que sería prevaricador, el de obviar, desechar o relegar la actuación de la Justicia.
Como sostiene el juez, " si nada se sabía de la condición procesal de Ghali ningún reproche penal cabe realizar. Pero el Ministerio de Interior sabía que había una providencia del Juez Ruz o Pedraz diciendo que se informara sobre la localización de Ghali en España cuando se supiera de ella, pero nunca se informó de la localización al Ministerio del Interior. Deduce el juez que no fue del 18 al 22 de abril de 2.021 cuando responsables del Ministerio de Interior tomaron conocimiento de tal interés judicial, sino que se sabía ya antes, cuando se adoptó la decisión de que entrara en España, con lo cual se habría omitido de forma consciente comunicar a la Justicia española la localización en territorio nacional de una persona (nacional o extranjera, es indiferente) a la que la se le quería recibir declaración como investigado y de la que se había interesado en varias ocasiones su localización."
Concluye el juez que es plausible que Camilo Villarino tan solo fuera informado desde el Ministerio de Interior de la pendencia de causas penales contra Ghali cuando ya llevaba varios días en España (en el controvertido supuesto de que supiera de la situación procesal del líder saharaui) sin que antes se le hubiera informado sobre tal particular por quien le escogió como profesional muy cualificado para gestionar la llegada a España de aquél. Por ello, sobresee provisionalmente las actuaciones contra él y mantiene las que se siguen contra la ex ministra González Laya.