El Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado endurecer varios niveles la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra los transportistas que están en huelga por al aumento del precio de los combustibles en los últimos meses. Así lo ha denunciado este sábado la asociación JUCIL (Justicia para la Guardia Civil), mayoritaria en el Consejo del Instituto Armado desde las últimas elecciones internas.
Una de las instrucciones remitidas por el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska es que los agentes deben multar por reunión ilegal a todos los presentes cuando detecten que hay más de una veintena de huelguistas en un mismo punto y no se ha avisado antes a las delegaciones o subdelegaciones de Gobierno. Es decir, se utilizará con la máxima dureza la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que el PSOE en la oposición denominó como Ley Mordaza.
También se han remitido instrucciones a las Comandancias de la Guardia Civil para que se informe inmediatamente a las instituciones políticas "si se producen casos de detenidos, o de personas investigadas o heridos" y ha dado instrucciones muy claras sobre el uso del lenguaje. No podrán utilizar en informes o notas de prensa los términos "huelga" o "piquete" y deben emplear en su lugar "paro" o "activista".
"Nos preocupan, y mucho, las ordenes que están recibiendo nuestros compañeros de cambiar en los informes de la huelga, el término piquetes por activistas y la referencia huelga por paro", ha denunciado el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal, que cree que se les "está utilizando para restringir los derechos de los huelguistas y enfrentándonos abiertamente con un colectivo que, al igual que el nuestro, resultó vital en lo peor de la pandemia".
"Las instrucciones incluyen además que cualquier corte de circulación debe de ser solucionado de manera inmediata, y que se tenga especial atención el lunes próximo para informar si se sabe que los ‘activistas’ van a Madrid a manifestarse. Se pide también especial atención a las áreas de descanso donde pueda haber camiones ‘y posible presencia de ‘activistas’" y se reclama que se remita una relación de matrículas sospechosas", denuncian desde JUCIL.
"Da la impresión de que lo que se busca, con el simple cambio de los términos, es hacer desaparecer la huelga y dejar de considerar a estas personas como piquetes. De manera que se pueda actuar contra ellos", ha argumentado Agustín Leal. "Este proceso se produce de manera paralela a la iniciativa parlamentaria que ha aprobado la derogación de las penas existentes para quienes participaban en piquetes durante las huelgas", ha recordado.