El sobreseimiento provisional de la causa por prevaricación que se sigue contra Camilo Villarino Marzo, ex jefe del gabinete de la ex ministra de Asuntos Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez, Arancha González Laya, ha provocado la incertidumbre de la acusación popular, en este caso de la ejercida por el abogado malagueño Antonio Urdiales, respecto del futuro del caso.
El caso Ghali, que sigue sus diligencias por delito de prevaricación contra la ex ministra, se ha visto envuelto en un clima de altas presiones tras el volantazo en política exterior dictado por Pedro Sánchez, al margen del parlamento y de parte de su propio gobierno. Tras el reconocimiento de Marruecos como Estado de referencia para el pueblo saharaui, se esperan otros de compensación a Argelia, uno de los cuales podría ser el archivo del caso Ghali que es el epicentro del terremoto político que ha terminado beneficiando a Marruecos.
En su recurso contra el sobreseimiento provisional del caso en lo que se refiere a Camilo Villarino, que podría ser la antesala del sobreseimiento total de todo el procedimiento contra la entrada irregular y presuntamente delictiva de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, aliada de Argelia y enemiga de Marruecos, la acusación popular se hace una serie de preguntas en su recurso cuyo contenido es relevante.
La primera de ellas es "si la Justicia va a permitir, que los más altos cargos del Gobierno consumen un plan delictivo destinado a introducir clandestinamente a este individuo y otros por un aeropuerto militar, utilizando a los más altos cargos de nuestras fuerzas armadas en la ejecución del mismo, de una forma tan grosera y torpe, que terminó siendo conocido por el mundo entero, provocando la invasión y ocupación de CEUTA por miles de personas", que esto es realmente lo que se está investigando en estas actuaciones.
La segunda es si el prestigio de la justicia española va a soportar el borrón de pasar por alto la llegada de un "histórico criminal" a Zaragoza, que estaba siendo investigado por genocidio, terrorismo, secuestro y torturas, entre otros, por dos previas distintas en la Audiencia Nacional y se "va a seguir exhibiendo su escudo de impunidad por el simple hecho de que en caso contrario nos quedamos sin gas."
La tercera se refiere a la Unión Europea. ¿Va a permitirse "una vulneración frontal de sus preceptos al haber pretendido su inaplicación(la del acuerdo Schengen sobre control de fronteras" cuando "es ésta la razón por la que se cuestiona lo sucedido en sede penal y no en otra jurisdicción?"
¿Puede admitirse, como quiere la parte querellada, el sobreseimiento del caso ya que "aun considerando que estemos ante una resolución injusta, la ilegalidad no se entiende que sea grosera y palmaria, ni que sea arbitraria? O sea, ¿se va a consumar el sobreseimiento de un caso que exhibe resoluciones injustas pero ilegalmente educadas, no groseras, que son ilegales pero sólo un "poquito"? Es la cuarta pregunta.
La quinta consiste en cuestionarse si no hubo riesgo para los intereses españoles, como afirma la Fiscalía, cuando el 21 de abril de 2021 "una multitud de casi diez mil personas, mujeres, hombres, ancianos y niños, en una personal interpretación de la Ley del Talión por parte de Marruecos, destruyeron las defensas de la frontera de una ciudad llamada Ceuta, y provocaron un auténtico caos migratorio, con fallecimientos y policías y legionarios heridos?"
La sexta es si puede consentirse la entrada en España del "entonces presunto terrorista y genocida GHALI, y su hijo sin cobertura legal de clase alguna y de forma CLANDESTINA y VERGONZOSA, mediante la utilización de los más altos cargos del ejército español? ¿O que se haya alojado en un hospital público- sin pagar un céntimo- casi 15 días, con un pasaporte falso, haya declarado ante el magistrado juez Pedraz, sin exhibir identificación alguna, y se haya marchado por Andoain, en avión como vino, sin tampoco identificarse?
Y añade: " ¿se pretende que la Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza siente jurisprudencia menor, despenalizando una conducta que puede servir de base para que pasen por nuestras fronteras, traficantes, contrabandistas y otros?"
Hay otras, pero termina su recurso la acusación popular con esta ristra de preguntas relacionadas:
Si la autoridad argelinas, aliada militar y política de Ghali y su Frente Polisario, es conocedora del escrito de querella, que da lugar a las Previas 1/2008 ; "¿creen VVSS que durante los días previos a la entrada de Ghali en Zaragoza, no pusieron este hecho en conocimiento de González Laya y ésta en conocimiento de Villarino Marzo?"
"¿Cree algún jurista o algún lego en Derecho, con sentido común, que la autoridad argelina que habló con González Laya antes de la entrada de Ghali por Zaragoza, no se cercioró del estado de las diligencias previas 1/2008, y de las previas 447/2020?, poniendo en peligro la libertad del mayor asesino de españoles después de E? Pues claro que esto no lo cree nadie. Sólo el representante del Ministerio Fiscal."
"¿Cree algún jurista o algún lego en Derecho, con sentido común, que las autoridades españolas, incluidas Villarino Marzo y González Laya, antes de llegar Ghali, no conocían la situación de Ghali en las previas 447/2020?".
"¿Creen VVSS que es normal que en un caso de genocidio y terrorismo la Comisaría General de Investigación, se persone en un domicilio, localice a uno de los terroristas querellados y tras comprobar que utiliza documentación falsa, le dé los buenos días y lo cite para posteriores fechas?".
"Se ha cometido prevaricación y encubrimiento"
Además se pregunta por qué, alguien como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, "que utiliza un Falcon de la Fuerza Aérea Española, para asistir a un concierto de rock provinciano, sin ningún reparo, no dio la orden de "utilizar dicho aparato para trasladar a Argel un equipo médico provisto de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, para atender a tan importante "personalidad" como califica la ex ministra al afamado terrorista?"
Finalmente, la acusación popular se cuestiona si "lo realmente trascendente a los efectos de la prevaricación" no "es aclarar si se decidió asistir a Brahim Ghali y permitir su acceso a España a sabiendas que estaba interesada su declaración como investigado en dos causas penales e intentada su localización en varias ocasiones, acordando no comunicar nada al Juzgado Central de Instrucción, asegurando igualmente las condiciones necesarias para que nadie lo pudiera hacer".
Por ello, se concluye que "existen numerosos indicios para colegir que se ha cometido además del delito de prevaricación, delito de encubrimiento y que por tanto no es posible dictar una resolución de sobreseimiento anticipada privando a las acusaciones de debatir en el plenario la culpabilidad o inocencia de los investigados."