El nuevo Tribunal de Cuentas presidido por Enriqueta Chicano ha despreciado la decisión del anterior tribunal de rechazar los avales por valor de 5,4 millones de euros presentados por la Generalidad de Cataluña para cubrir la responsabilidad de los golpistas del 1-O.
El Tribunal de Cuentas rechazó inicialmente los avales en el mes de octubre. No obstante, dicha decisión fue rectificada el pasado 28 de febrero por el actual equipo renovado tras el pacto alcanzado por el PSOE y el PP, en el que no quedó ni uno de los consejeros propuestos por los populares en el mandato anterior. Una decisión que aceptó el PP al ser una exigencia de ERC al PSOE para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
En el auto filtrado al diario El País este miércoles, antes de notificarse a las partes, el órgano fiscalizador califica de "irracional" y "absurdo" que no se aceptaran los avales de la Generalidad inicialmente y explica que el uso de avales es "una forma (de pago) admitida en una ley" vigente aprobada por el Parlamento catalán.
La ponente de la resolución es la consejera propuesta por el PSOE, Rosario García, y el auto apunta que la anterior resolución debía quedar sin efecto porque consistió en una actuación indebida, ya que no supuso "una aplicación real y racional de lo previsto en la norma". En este contexto, el auto señala que la primera instructora, Esperanza García, se atribuyó en la resolución ahora anulada, "funciones judiciales" que no le competen, generando "indefensión" de los investigados.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que la resolución de la anterior instructora rechazando los avales y procediendo al embargo de los golpistas "se enmarca en la fase administrativa del procedimiento de exigencia de responsabilidad contable".
"La ponente de la nueva resolución, Rosario García, justifica su decisión señalando que se produjo indefensión de los encausados porque la Instructora se excedió incurriendo en una función jurisdiccional, puesto que es a la Sala de Enjuiciamiento a quien corresponde determinar la validez de los avales, y considera que la instructora estaba prejuzgando en su resolución la ley que ampara los avales", señalan.
"Sin embargo", añaden las mismas fuentes consultadas por LD, "la ponencia incurre en una incoherencia jurídica, tratando de retorcer la norma jurídica, al afirmar que la primera instructora debió de incumplir en la resolución que dictó la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y el Reglamento General de Recaudación, que ampara a la instructora a embargar y determinar la suficiencia de los avales para garantizar las posibles responsabilidades en que pudiera haberse incurrido".
"De admitirse el argumento presentado por la consejera ponente, ningún funcionario sujeto a un procedimiento de responsabilidad contable podrá ser embargado por el instructor del procedimiento, dejando sin efecto la vigencia de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y el procedimiento establecido en la misma", concluyen.
Cabe desatacar que las acusaciones personadas en la causa del 1-O en el Tribunal de Cuentas no descartan solicitar una responsabilidad penal a la ponente de la resolución Rosario García por la filtración del auto al diario El País, antes de haberlo notificado a las partes del proceso.
El nº 2 de la ponente de la resolución dimitió
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por este diario afirman que casualmente el director técnico de la consejera socialista Rosario García, Andrés Gutiérrez, dimitió de su cargo al poco tiempo de ser nombrado "por discrepancias significativas con la consejera".
La nueva resolución que da validez a los avales ha sido aprobada por los consejeros Diego Íñiguez y Rosario García (ponente) propuestos ambos por el PSOE, y ha contado con el voto en contra de la también consejera Rebeca Laliga, nombrada a propuesta del PP.