El Tribunal Superior de Londres ha determinado que Juan Carlos I no tiene inmunidad en Reino Unido tras su abdicación como rey de España. Por tanto, la justicia inglesa da luz verde para que puede seguir adelante la demanda que presentó Corinna Larsen por acoso contra el rey emérito.
La defensa del rey emérito alegó ante el juez que "Su Majestad goza de inmunidad" y que la justicia británica no era competente para atender la demanda presentada por Larsen.
En su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.
"En aras de la claridad, se requerirá que la Demandante modifique detalles de la reclamación para aclarar que los hechos imputados contra el General Sanz Roldán se habrían llevado a cabo por él a título personal", ha señalado el magistrado.
La Fiscalía española ya archivó su investigación
EL pasado 2 de marzo, la Fiscalía del Tribunal Supremo en España archivaba la investigación abierta a Juan Carlos I. El rey emérito era investigado por tres casos distintos en la Fiscalía del Supremo: el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de la construcción del AVE a la Meca a empresas españolas, el presunto uso por parte del rey emérito y de otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares y por último, la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Don Juan Carlos realizó hasta dos regularizaciones fiscales tras estallar la causa. La primera, en diciembre de 2020 por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero del año pasado por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
En sendos escritos firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se acordaba el archivo de estas investigaciones abiertas sobre el rey emérito que comenzaron en junio de 2020.