El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asumido también personalmente el estudio de la denuncia presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación a 12 contratos del Gobierno de Pedro Sánchez adjudicados durante la pandemia de la covid-19. Dicha denuncia alerta de la comisión de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por parte del Ejecutivo.
Dichos procedimientos denunciados el pasado 10 de marzo ascienden a 326 millones de euros y fueron concedidos a "siete empresas relacionadas con el presidente Pedro Sánchez, el exministro de Sanidad Salvador Illa o la vicepresidenta Nadia Calviño", destacaba Díaz Ayuso. Según la presidenta madrileña, el objetivo de presentar dicha denuncia era demostrar que Anticorrupción investiga también los contratos sanitarios que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por Libertad Digital aseguran que Alejandro Luzón todavía "está estudiando" la denuncia presentada por Ayuso sobre los contratos sanitarios del Gobierno y que por tanto, "no se ha tomado una decisión al respecto sobre la incoación de diligencias de investigación o archivo de la misma".
Luzón asumió también en primera persona las denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid en relación al contrato sanitario vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El pasado 22 de febrero, el fiscal jefe Anticorrupción sí decidía abrir diligencias de investigación sobre el contrato del hermano de Ayuso.
Según el decreto de apertura de la investigación firmado por el propio Luzón, las hipótesis planteadas en las denuncias por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid "se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada".
Las mismas fuentes consultadas por LD descartan a su vez que Luzón haya "acumulado la denuncia presentada por la presidenta madrileña sobre los contratos del Ejecutivo en la investigación abierta ya sobre el contrato del hermano de Ayuso, en la que sí se han practicado una serie de diligencias para esclarecer los hechos".
La presidenta madrileña salió al paso de las acusaciones públicamente y afirmó que su hermano recibió un único cobro por importe de 55.850 euros más IVA como contraprestación por la gestión para adquirir mascarillas en China por valor de 1,5 millones de euros de la empresa Priviet Sportive S.L. Este miércoles, la Cámara de Cuentas de Madrid aprobaba el informe de fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional por el procedimiento de emergencia durante la pandemia, incluyendo el del hermano de Ayuso, sin detectar ninguna irregularidad en el mismo.
Tal y como publicó este viernes LD, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, propondrá en la Junta de Fiscales de Sala de este lunes rechazar la entrega de la investigación sobre el contrato del hermano de Ayuso a la representante española de la Fiscalía europea, Concepción Sabadell. Dicha fiscal solicitó al jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, todas las diligencias practicadas hasta la fecha para asumir esta investigación por un posible delito de malversación de fondos europeos.
Malestar en Anticorrupción por la doble vara de medir
Tal y como publicó este diario, en la Fiscalía Anticorrupción existe cierto malestar por la desigualdad de trato entre las denuncias que se presentaron durante el confinamiento contra el Gobierno por los contratos suscritos durante la pandemia de la covid-19 y la denuncia que afecta ahora al hermano de Ayuso. La razón es que las denuncias que se presentaron contra el Ejecutivo se metieron en el cajón o se archivaron justificando la situación excepcional de la pandemia y que la denuncia que afecta a Ayuso se decidió investigar una semana después.
Las mismas fuentes apuntaban, además, que "no era habitual que el propio fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, decidiera hacerse personalmente cargo de la investigación de la denuncia justificándolo en ‘la indiscutible trascendencia social’" y que "al tratarse de unas diligencias preprocesales, deben resolverse lo antes posible".