Organizaciones como Hablamos Español, Convivencia Cívica Cataluña (CCC) y la asociación profesional Justicia para Guardia Civil (JUCIL) han anunciado este domingo que presentarán una "petición ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) instando a la ejecución de la sentencia" que dicta la inclusión de un 25% de español en las escuelas.
Una nota de Hablamos Español concreta que se trata de "lograr que todos los centros de enseñanza de Cataluña tengan que introducir el español como lengua vehicular en, al menos, un 25% de horario lectivo en todos los niveles educativos: al menos una asignatura troncal en Primaria y dos en Secundaria".
Hablamos Español, entidad presidida por Gloria Lago, considera que su vía jurídica tiene la ventaja de que "a diferencia de las solicitudes de familias, que solo afectan al grupo de sus hijos, esta petición sería efectiva para el conjunto del sistema". De ahí también la presencia de JUCIL, la entidad profesional más representativa de la Guardia Civil, "ya que estos servidores públicos están sujetos a movilidad forzosa", apunta el comunicado de Hablamos Español.
La legitimación de Jucil, según explica el mismo comunicado, "la basamos en su derecho a la conciliación familiar, por ser padres de niños y jóvenes en edad escolar". Y añade: "En la situación actual se dificulta que puedan trasladar a sus familias a Cataluña, por no tener a su disposición centros educativos donde poder educarlos conforme a la legislación vigente, algo que atenta claramente contra su derecho a la conciliación familiar".
Correspondencia con Marlaska
Según consta en una respuesta del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska a Gloria Lago, "se reconocía que había un problema con la conciliación familiar de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña a causa de la imposición del problema lingüístico, y que su ministerio abogaba por "el cumplimiento de las resoluciones judiciales".
La iniciativa también persigue, apunta la nota, que "se declare inejecutable parcialmente la sentencia respecto al primer trimestre del año 2022, reconociendo el derecho de los afectados a ser indemnizados con 450 euros por el daño moral producido (ampliándose dicha indemnización con 450 euros más por cada trimestre en que el fallo sea inejecutable parcialmente por causa del incumplimiento de la Administración).
Asimismo pide que se proceda a ejecutar forzosamente el fallo de la sentencia, requiriendo personal e individualmente a todos los directores de centros educativos de Cataluña a cumplir la sentencia en sus estrictos términos a partir del siguiente trimestre, con todos los apercibimientos correspondientes, indicando que informen al Tribunal en el plazo de diez días de que medidas concretas ha adoptado".
Por otra parte, la plataforma "Escuela de Todos" también ha anunciado una "demanda colectiva" con 1.500 firmas para que se cumpla el fallo del 25% de español en el sistema escolar catalán. Impulso Ciudadano y Asamblea por una Escuela Bilingüe, entidades impulsoras de "Escuela de Todos", pretenden evitar el incumplimiento de la sentencia.