La Generalidad de Cataluña no cumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que determina la inclusión de un 25% de español en el horario lectivo en los colegios catalanes. A pesar de las críticas de los sectores más duros del separatismo, que acusan a la Generalidad de acatar el fallo, lo cierto es que la administración catalana ha respondido con una negativa a acatar la sentencia en un escrito remitido al TSJC.
La consejería de Enseñanza rechaza la petición de una familia del colegio Emili Juncadella de Barcelona (lo reclamaron otras veinte) con un recurso similar a los que presentaba antes de que fuera firme la sentencia del 25%. La respuesta de la Generalidad lleva fecha de registro de 29 de marzo, fuera de plazo por tanto de la ejecución forzosa de la sentencia.
El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, deslizó que la Generalidad no tenía previsto adaptar los planes lingüísticos de los colegios al fallo ratificado por el Tribunal Supremo, pero negó que fuera a desobedecer y anunció la elaboración de un decreto para ratificar la inmersión lingüística que soslayara la resolución judicial. Al tiempo, el PSC y los partidos separatistas anunciaron un cambio en la ley autonómica de Política Lingüística con el mismo objetivo, blindar el sistema educativo separatista. Sin embargo, el sector más radical del independentismo forzó a Junts per Catalunya (JxCat) a desdecirse del acuerdo porque el texto concedía que quedaba a criterio de los directores de las escuelas que los niños recibieran clases en español.
En el plano judicial, la Generalidad ya ha respondido al TSJC y a unos padres amparados por la organización "Hablamos Español". Y lo ha hecho con una negativa sin paliativos a acatar la sentencia del 25%. En el escrito de réplica a la demanda de la familia, la abogada de la consejería de Educación afirma que la petición de ese porcentaje de enseñanza en español "no se ampara en ninguna norma legal o reglamentaria, ni tampoco resulta justificada atendiendo a la realidad social en la que se aprecia un retroceso del conocimiento y uso de la lengua catalana".
La abogacía de la Generalidad aduce que a pesar de la conocida sentencia del TSJC, "la recurrente no estaría legitimada para determinar cómo se deben de usar las lenguas en la escuela, ya que el derecho a la educación no le otorga ni aún menos le garantiza tal prerrogativa y, por tanto, la recurrente no estaría legitimada para determinar un determinado porcentaje en relación a las lenguas que se utilizan en el centro educativo donde sigue los estudios su hijo".
Mantras separatistas
La letrada de la consejería sostiene todos los mantras del separatismo, incluido el de que los alumnos finalizan la enseñanza obligatoria "con conocimiento y suficiencia plena en las dos lenguas cooficiales". Y llega incluso a admitir "el derecho constitucional a recibir enseñanza básica en la lengua oficial de todo el Estado". Sin embargo, objeta: "Pero este derecho no comporta un derecho a recibir las enseñanzas exclusivamente en castellano o en la proporción que la recurrente estime adecuada".
El escrito se extiende en las bondades del sistema para acabar concluyendo que a pesar de la sentencia del TSJC "corresponde al Gobierno catalán, atendiendo a la realidad sociolingüística, determinar las adecuadas y proporcionadas de política educativa en materia lingüística para corregir las situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra".
"Hablamos Español" ha emitido una nota en la que sostiene que "queda patente" el incumplimiento de la sentencia y considera que "el tribunal deberá instar al director del centro a cumplir con lo establecido en la sentencia". Según la presidenta de "Hablamos Español", Gloria Lago, el consejero de Educación, Gonzàlez-Cambray "está en una posición jurídicamente insostenible y ha dado muestras de mala fe prevaricadora".