La Fiscalía Anticorrupción investigará los contratos relacionados con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el marido de la ministra de Economía Nadia Calviño y los exministros Salvador Illa y José Luis Ábalos.
Anticorrupción adopta esta decisión tras la denuncia presentada por el PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, después de que la Fiscalía abriera una investigación sobre el contrato vinculado con su hermano. La investigación afectará a 13 contratos por un valor total que supera los 325 millones de euros que se suscribieron con 7 empresas diferentes.
Según el decreto de incoación de diligencias del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, "el hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador; y las irregularidades, básicamente, son: la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. Estas conductas, a las que a continuación nos vamos a referir de manera individualizada por sociedad, pudieran constituir, según el denunciante, los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".
"El denunciante", añade, "incorpora a su denuncia diversos documentos relacionados con los contratos, obtenidos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, así como del Servicio de Contratación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, esto es, sobre su participación en los hechos delictivos por los que se presenta esta denuncia".
"Por tanto, excluida cualquier participación ab initio de personas aforadas, que determinaría la falta de competencia de esta Fiscalía Especial para la comprobación e investigación de los hechos, se ha de valorar si del relato que de los mismos se hace y de la documentación aportada resultan elementos que nos permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta relevancia penal que justifique la incoación de las diligencias de investigación solicitadas por el denunciante", apunta Luzón.
"En tal sentido, resulta forzosa la referencia al Decreto de esta Jefatura de 22 de febrero de 2022, de incoación de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la contratación de emergencia realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el 1 de abril de 2020, que denunciaron diversos grupos parlamentarios de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid", es decir la denuncia contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso que investiga en la actualidad Anticorrupción.
"Como en esta investigación, el denunciante se limita a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ella relatados, en los que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de las distintas adjudicaciones. Al respecto, se dice en el referido Decreto y resulta extrapolable a este, que resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Y ello debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia", sostiene Anticorrupción.
"Las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo refuerzan la pertinencia de acordar la incoación de diligencias de investigación para esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa. Finalmente, la denuncia afecta también a otros contratos y a la concesión de subvenciones públicas al margen de la situación de emergencia motivada por la pandemia del COVID-19. Aunque las circunstancias de legalidad aplicable sean diferentes, no lo son las pautas de actuación de la Fiscalía en su función investigadora, razón por la que resultan igualmente atendibles las consideraciones expuestas, que determinan la necesidad de practicar algunas diligencias para confirmar o descartar la posible relevancia penal de los contratos cuya legalidad se impugna", concluye Luzón.
La investigación de las 7 empresas denunciadas afecta a un total de 13 contratos será efectuada por el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y el fiscal Luis Pastor. Luzón que ya investiga el contrato del hermano de Ayuso se encargará de las investigaciones que afectan a los padres de Sánchez y al marido del Calviño, el resto de diligencias las asumirá Pastor. Cabe destacar que se abrirán unas diligencias por cada una de las empresas supuestamente favorecidas, es decir, en total 7 investigaciones distintas.
Las empresas investigadas
1. Diligencias de Investigación nº 10/2022 en relación con SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, S.L.
Tiene relación, según información periodística, con el entonces Ministro de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, D. José Luis Ábalos Meco.
Además, se dan otras circunstancias:
a. Su actividad social no tiene relación directa con el objeto del contrato.
b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria.
c. En 2019 su cifra de negocio fue de 0 euros, frente a los 53,13 millones de euros en 2020 por las adjudicaciones públicas directas.
2. Diligencias de Investigación nº 11/2022 en relación con FCS SELECT PRODUCTS, S.L.
Los medios de comunicación apuntan como causa de la adjudicación de los contratos la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces Ministro de Sanidad, D. Salvador Illa Roca.
Concurren, además, otras circunstancias:
a. Su actividad social -servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas- no tiene relación directa con el objeto del contrato.
b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria.
c. En 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros. En 2020 alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas.
d. La administradora de la empresa fue condenada en 2016 por un delito de estafa.
3. Diligencias de Investigación nº 12/2022 en relación con MEMBER OF THE TRIBE, S.L.
En la denuncia se destacan las siguientes circunstancias:
a. Su objeto social es el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios. No existe correlación alguna con el suministro de productos sanitarios.
b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y carencia de justificación de su no necesidad.
c. Precio excesivo de la unidad de guante frente a otros proveedores. El coste se estima entre un 25% y un 500% superior al ofertado por otros proveedores.
d. Sanidad adelantó el 30% del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1.669.200 euros. La compañía incumplió el plazo de entrega por lo que se resolvió el contrato. La administración no ha recuperado el dinero adelantado.
4. Diligencias de Investigación nº 13/2022 en relación con WEIHAI TEXTILE GROUP IMPORT & EXPORT Co, LTD
En relación con esta sociedad, cabe reseñar:
a. Falta de comprobación de la correlación entre el objeto social de la empresa y el suministro de productos sanitarios.
b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y carencia de justificación de su no necesidad.
c. Precio de adjudicación excesivo de la unidad de bata, 16,7 euros, frente a otros proveedores cuyas ofertas rondaban los 0,3263 euros y 0,2783 euros.
5. Diligencias de Investigación nº 14/2022 en relación con HYPERIN GRUPO EMPRESARIAL.
a. Su objeto social es la fabricación de yesos para la construcción. No existe correlación alguna con el suministro, en este caso, de dispositivos de ventilación mecánica invasiva.
b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y carencia de justificación de su no necesidad.
c. Sanidad adelantó el importe total de contrato que alcanzaba la suma de 3.310.556 euros. La compañía incumplió el contrato y está pendiente de reintegrar 1.801.481, 74 euros.
6. Diligencias de Investigación nº 15/2022 en relación con PÁGINAS AMARILLAS SOLUCIONES DIGITALES, S.A., ahora BEEDIGITAL
Esta sociedad es relacionada por el denunciante con la titular del Ministerio de Economía, Dña. Nadia Calviño Santamaría, al ostentar su cónyuge el puesto de director de marketing de la empresa.
Además, la adjudicación del contrato se realizó cuando la adjudicataria tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros. Cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda con el estado ascendía a 884.000 euros.
7. Diligencias de Investigación nº 16/2022 en relación con INDUSTRIAS PLASTICAS PLAYBOL, S.L.
Las ayudas recibidas por esta sociedad las relaciona el denunciante con la vinculación de la empresa con los padres del Presidente de Gobierno. Al parecer, estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa PLAYBOL, S.A., de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges. La empresa compradora INDUSTRIAS PLÁSTICAS PLAYBOL, S.L., se subrogó en los contratos laborales. La empresa PALAYBOL, S.A. sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros.