Nuevas imputaciones contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien a su condición de investigada por prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en el caso de las subvenciones a las entidades amigas suma ahora otro caso de prevaricación y coacciones. Así, la Audiencia de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa del fondo de inversión Vauras Investment, titular de un inmueble en la capital catalana conocido como el Bloc Llavors.
El edificio estaba tomado por unos okupas que no fueron desalojados hasta el sexto intento, en marzo de 2020. Durante el tiempo que Vauras Investment trató de recuperar el edificio, el Ayuntamiento se mostró en todo momento partidarios de los okupas y llegó a imponer una multa de más de 400.000 euros a dicho fondo de inversión por no haber proporcionado nuevas viviendas de alquiler social a los okupas.
Además de contra Colau, Vauras Investment se ha querellado contra el concejal del distrito de Sants-Montjuïc, donde está emplazado el inmueble; contra la concejal de Vivienda, Lucía Martín y contra Fuensanta Alcalá, responsable de un departamento llamado "Disciplina de Vivienda e Inspección". Todos ellos tendrán que declarar en calidad de investigados.
Colau ya pasó por los juzgados el pasado 4 de marzo para declarar por el caso de las subvenciones a las entidades afines, asunto que la alcaldesa atribuye a una denuncia de una especie de mano negra de fondos buitre, empresarios turísticos y especuladores. Además, niega que el hecho de que organizaciones como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reciban importantes sumas de dinero no tiene nada que ver con que ella trabajara en ellas antes de lograr la alcaldía. De hecho, afirma que ya recibían dinero en tiempos del anterior alcalde, el separatista Xavier Trias.
