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Savater, Trapiello y otros intelectuales avisan de que la ley educativa busca el "sometimiento moral"

Firman un contundente manifiesto contra la ley Celaá y plantean 7 medidas para acabar con el "adoctrinamiento" y la "incompetencia"

Firman un contundente manifiesto contra la ley Celaá y plantean 7 medidas para acabar con el "adoctrinamiento" y la "incompetencia"
La ministra de Educación, Pilar Alegría | EFE

Más de una treintena de intelectuales, entre los que se encuentran reconocidos filósofos, historiadores, matemáticos y escritores, suscriben un nuevo manifiesto contra la ley Celaá en el que constatan que "la enseñanza reglada en España no marcha por buen camino" y lamentan que la Lomloe no sólo no vaya encaminada a poner remedio, sino que más bien "tiende a empeorar la situación".

El texto, que trata se recabar firmas en la conocida plataforma Change.org, insiste en que la enseñanza debe estar basada "en los conceptos nucleares de esfuerzo, mérito y contenidos" y, por tanto, debe desplazar de las aulas cualquier concepto de tipo moral e ideológico. "Los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento, pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los alumnos con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual", sentencian los firmantes.

El manifiesto ha sido redactado por un conjunto de profesores de Secundaria y está suscrito por filósofos como Fernando Savater y Gabriel Albiac, escritores como Andrés Trapiello y Félix de Azúa, el poeta y ensayista Luis Alberto de Cuenca o la matemática Alicia Delibes, entre otros. Todos ellos, ponen sobre la mesa, además, un total de siete medidas para tratar de reconducir un sistema educativo basado en todo aquello que defiende la Constitución española y que sea capaz de sobrevivir a los distintos gobiernos.

Las 7 medidas que plantean

Por eso precisamente, el primer punto que se plantea es la "creación de una institución pública, de una suerte de Consejo General de la Función Docente, integrado exclusivamente (o principalmente) por docentes con larga experiencia, académicos y científicos de reconocido prestigio" que, "ajeno a cualquier ideología", se convierta en referencia a la hora de abordar cualquier reforma "según criterios estrictamente técnicos, científicos y académicos".

Entre los principales problemas que se deberían abordar, los firmantes sitúan la preocupante tasa de fracaso escolar, "entendiendo por tal el número de repeticiones y de suspensos, es relativamente alta". En este sentido, denuncian que la ley Celaá trate de arreglar el problema "haciendo desaparecer los suspensos y dificultando la repetición, con lo que no solo no solucionará, sino que acrecentará el problema al ocultarlo".

Asimismo, el manifiesto aboga por recuperar una evaluación por contenidos y no por competencias, y mantener las notas numéricas y las Menciones de Honor: "Las primeras para conocer con mayor precisión el grado de éxito del alumno en la adquisición de conocimientos; y las segundas para que el esfuerzo y el mérito sean un aliciente".

Los firmantes reclaman, además, que se garantice la libertad de los docentes para enseñar sus respectivas asignaturas "sin ser correa de transmisión de la ideología de turno", teniendo como único límite la Constitución y el Código Penal. Por otro lado, insisten en la importancia de apostar por pruebas diagnósticas de carácter externo que permitan evaluar a los distintos centros de enseñanza y, en especial, por una Prueba de Selectividad única en toda España, "garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los alumnos".

Por último, los intelectuales que firman este manifiesto reclaman que se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones judiciales, como la que obliga a impartir en español al menos un 25% de las asignaturas que se dan en Cataluña, una medida extensible a otras comunidades donde la imposición lingüística es una realidad: "Aspiramos, de forma más general, a que en todo el territorio nacional se garantice la enseñanza pública en lengua española, sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza en otras lenguas cooficiales del Estado".

La carta, que puede consultarse en la conocida plataforma Change.org, concluye con un llamamiento "a todos los implicados en el proceso educativo: maestros, profesores, padres, madres, alumnado, autoridades educativas y ciudadanos preocupados por la deriva del sistema educativo en nuestro país".

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