La Policía ha acreditado que las mascarillas entregadas por Alberto Luceño y Luis Medina al Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida reunían los requisitos de calidad de las FFP2.
La operación efectuada a través de la empresa malaya Leno incluía el suministro al consistorio de la capital de un total de un millón de mascarillas KN95 de grafeno, dos millones y medio de guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos. Luceño y Medina están siendo investigados por el titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, Adolfo Carretero, por presuntos delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales por la venta del material a comienzos de la pandemia, a cambio de unas comisiones pactadas con el proveedor malasio de 4,6 millones de euros para Luceño y 900.000 euros para Medina.
Un informe técnico de la Policía Municipal de Madrid solicitado por la Fiscalía Anticorrupción que forma parte del sumario del denominado ‘caso mascarillas’, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "por seguir las mismas normas señaladas por las autoridades nacionales, no señalan como características de marcas que las mascarillas tengan que estar selladas obligatoriamente por una marca en la propia máscara, señala una serie de macados que identifiquen las pruebas de sostenibilidad, calidad y referencia a bioaerosoles y demás características técnicas. Se señalan en los diferentes certificados incluidos los albaranes de exportación a España, gestión de dichas mascarillas de grafeno como FPP2".
"Teniendo en cuenta la documentación aportada y entregada por el distribuidor/suministrador, como mascarillas de grafeno, así como la homologación jurídica realizada por la administración de fecha 23 de abril del 2020, dicho producto reúne los requisitos jurídicos para ser considerada como FFP2 a los efectos de equipo de protección individual", concluye el informe de 13 páginas.
Recordamos que las mascarillas FFP2 son productos sanitarios y se engloban dentro de los Equipos de Protección Individual o EPI y tienen como principal objetivo filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo. Además, protegen del COVID-19 tanto al usuario de la misma como a aquellos que se encuentren en su entorno y se han distribuido a la población a gran escala durante la pandemia.
Respecto a los guantes de nitrilo encargados, la empresa Leno acordó efectuar una devolución parcial al consistorio de la capital, después de que el Ayuntamiento constatara que el tipo de guantes encargado no era el que se necesitaba para afrontar el covid. Los guantes ya entregados no fueron devueltos y el siguiente lote recibido ya del tipo esperado se aceptó sin más incidencias. Así consta en la propia querella de Anticorrupción: "Leno le devolvería al Ayuntamiento de Madrid 4.025.000 dólares. En efecto, dicha devolución tuvo lugar poco después, mediante transferencia bancaria".
Por último, la mutación de la covid-19 provocó que los test entregados al Ayuntamiento perdieron efectividad. La empresa Leno envío entonces nuevos reactivos sin cobrarlos. Así lo reflejaba a su vez la Fiscalía: "Gran parte de los test Covid-19 que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos. Concretamente, de los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94 %); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80 %, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7 %, por lo que Leno contactó con Alberto Luceño para que al menos ese lote se devolviera al vendedor y se recuperara el precio pagado por dicho lote. Luceño contestó que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el precio, pero sí a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test, pues consideraba que el defecto causante de la baja sensibilidad se corregiría con esos nuevos reactivos".
El empresario malasio: "Todo está limpio"
La semana pasada, San Chin Choon, el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, la empresa malasia del denominado ‘caso mascarillas’ del Ayuntamiento de Madrid aseguraba en una entrevista que la operación fue "limpia" y que se encuentra en Kuala Lumpur (Malasia), colaborando con la justicia.
El empresario afirmaba que su parte "está clara" —el suministro de paquetes de mascarillas, test y guantes por los que el consistorio pagó 11,9 millones de euros— y dice haber respondido a las preguntas de las autoridades malasias a instancias de las españolas. "Todo está claro y es limpio. Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones", asegura San Chin Choon, en referencia a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, que cobraron la comisiones.