La Fiscalía ha confirmado las irregularidades cometidas en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales que recoge la sentencia del denominado 'caso ERE': "Ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos. No existió ni siquiera procedimiento ni expediente", ha asegurado el fiscal Fernando Prieto durante la vista celebrada en el Tribunal Supremo para revisar los recursos presentados a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla por la que se condenó a exaltos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación, incluidos los expresidentes de José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
El fiscal, que ha empezado su exposición a las 9.30 horas después de que ayer las defensas de casi una veintena de condenados pidieran al tribunal su absolución, ha explicado que en el año 2000 se produjo un cambio en la presupuestación que, a su juicio, "no tiene ningún tipo de justificación".
"No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones. Está expresamente prohibido", ha dicho para luego subrayar que en 2010 se volvió al sistema anterior. Para el fiscal, la "única explicación" es que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control".
Además, Prieto ha defendido que "la Consejería de Empleo contaba con crédito suficiente para abonar las ayudas", por lo que considera que "no era necesaria una modificación presupuestaria". A su juicio, "se utilizó una partida inadecuada para la concesión".
Las ayudas no cumplieron los requisitos
Al hilo, el Ministerio Público ha asegurado que las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos: ni relación de beneficiarios ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas "Se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", apuntaba el fiscal.
Prieto ya ha advertido que su intervención será extensa porque tendrá "necesariamente" que aludir a "cuál es la prueba que acredita la participación de cada uno de los condenados", porque, según ha subrayado, "ayer los abogados de las defensas plantearon que no había prueba alguna". Así las cosas, ha indicado que los letrados "se olvidaron de los numerosos elementos de prueba que expone el tribunal en la sentencia, que hay que valorar en su conjunto". Está previsto que este jueves también tome la palabra la acusación popular que ejerce el PP en la causa.
También ha intervenido el Partido Popular durante la vista personado como acusación popular. La sentencia sobre los ERE del PSOE en Andalucía que dictará la Sala Penal del Tribunal Supremo se conocerá después de las elecciones de esta Comunidad Autónoma del 19 de junio para "no interferir" en el resultado.