Se acabaron las contemplaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado el "cumplimiento inmediato" de la sentencia que establece que el 25% del horario lectivo en todas las escuelas de Cataluña se imparta en español. La Sección Quinta de la sala contencioso-administrativa del tribunal da curso así a la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), a la que considera legitimada para exigir la ejecución forzosa de la sentencia de 16 de diciembre de 2020 ratificada por el Tribunal Supremo el 20 de enero de este mismo año.
La Generalidad había dado largas a la ejecución de la sentencia mientras que los grupos independentistas, la versión catalana de Podemos y el PSC tratan de acordar cambios en la legislación catalana a fin de obviar el cumplimiento del fallo. Sin embargo y con la nueva providencia, el consejero de Educación, el republicano Josep Gonzàlez-Cambray, tiene un plazo de 15 días para que "dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que procedan a los efectos que en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".
Órdenes directas
El gobierno autonómico también es requerido para que "le informe en el mismo momento en que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de las mismas". A tal efecto ordena también a la Alta Inspección Educativa, que depende del ministerio de Educación y Formación Profesional, que compruebe la aplicación del fallo e informe de igual modo al TSJC sobre "la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado".
En el texto de la última resolución del TJSC se indica que la sentencia "impone una obligación de resultado, obligación que supone establecer la obligación jurídica de todos los afectados de respetar, cumplir y hacer cumplir una práctica de uso vehicular de las lenguas oficiales en los términos señalados en su parte dispositiva".
También se reconoce que es la Generalidad la que debe "determinar los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso de las lenguas oficiales", si bien destaca la referida "obligación de resultado". En términos prácticos, los centros tendrán que impartir en español la asignatura de tal lengua así como otra considerada troncal.
La Generalidad recurrirá
Al poco de trascender la resolución del TSJC, el consejero Gonzàlez-Cambray ha calificado la orden de "aberrante" y ha anunciado que los servicios jurídicos de la Generalidad presentarán un recurso con el argumento de que la AEB no está legitimada para exigir la ejecución forzosa del fallo. Además, ha instado a los directores de los centros a mantener sus proyectos lingüísticos y les ha prometido la cobertura jurídica de la administración autonómica. También ha aludido al decreto que prepara el gobierno autonómico para no cumplir con la sentencia y ha augurado a modo de desafío que en los próximos años habrá más catalán en las escuelas.