La Dirección General de la Policía Nacional informó hace año y medio, en octubre de 2020, de la compra de 300 pistolas eléctricas o táser. Se trata de un tipo de arma que permite reducir a personas violentas sin que se ponga en riesgo la integridad física de los agentes que tienen que participar en la actuación. Pese a que la información inicial era que se iban a distribuir a la mayor brevedad posible, nada se sabía desde entonces.
Durante este tiempo, han sido muchas las ocasiones en las que los sindicatos policiales han exigido su distribución inmediata entre los agentes que habían realizado ya el curso obligatorio que habilita para su uso. Han denunciado lo que consideraban como un retraso injustificado que lo único que estaba haciendo era poner en peligro a los propios agentes y han planteado si la no distribución de las mismas se debía al rechazo de socios gubernamentales como Podemos, ERC o EH Bildu.
La Dirección General argumentó el pasado mes de enero que la única razón por la que este sistema defensivo todavía no estaba todavía operativo era porque había un problema relacionado con la Ley de Protección de Datos. Las pistolas eléctricas adquiridas incluyen pequeñas cámaras de vídeo para grabar las intervenciones policiales en las que son empleadas y parece que en la cúpula policial no tenían claro el encaje legal.
La @policia Nacional porta ya inmovilizadores eléctricos en la vía pública
85 agentes de la UPR de Madrid han sido habilitados como operadores de este tipo de dispositivos pic.twitter.com/HGMcxDN6Uy
— Policía Nacional (@policia) May 9, 2022
Fuera cual fuera la razón real de que las pistolas eléctricas no estuviesen siendo utilizadas por los agentes, la realidad es que el problema parece haber sido resuelto. La Policía ha informado este lunes de que 85 agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) del cuerpo ya se encuentran patrullando las calles de la capital con este sistema defensivo que portan en un cartuchera especial en el pecho, sujeta al chaleco antibalas, junto a la cámara de vídeo que grabará sus actuaciones.
La Policía ya explicó en su momento que estos táser incorporan varios elementos tecnológicos que permiten la trazabilidad y control posterior de su uso, como son un registro interno de actividad y un número de serie único y una codificación para cada uno de los dispositivos y los cartuchos. Hay además un sistema de registro que permita identificar al personal policial que ha tenido acceso a cada uno de los dispositivos y las circunstancias en que se han usado.
Se desconoce, de momento, cuándo se empezarán a distribuir las restantes 215 unidades que fueron adquiridas hace más de año y medio. Tampoco se conoce si la Policía Nacional ha recibido ya otras 700 unidades que tenía previsto adquirir entre 2021 y este año 2022.
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