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Un "tribunal de amiguetes" del TSJ de Valencia decidirá sobre la imputación de Oltra

El TSJ de Valencia debe decidir próximamente si imputa a Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años.

El TSJ de Valencia debe decidir próximamente si imputa a Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años.
La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. | EFE

Un "tribunal de amiguetes" del Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidirá sobre la imputación a la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años. Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital.

El pasado 1 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, solicitaba al TSJ de Valencia la imputación de Oltra, en el marco de la causa iniciada tras la querella presentada por la asociación GOBIERNA-TE. Este martes, el TSJV en un oficio designaba como ponente al magistrado Antonio Ferrer, junto a la magistrada María Pilar de la Oliva junto al magistrado Vicente Manuel Torres.

Cabe destacar que la magistrada María Pilar de la Oliva es la presidenta del TSJ de Valencia y mantiene una "estrecha relación" con la consejera de Justicia valenciana, Gabriel Bravo, actual pareja del presidente socialista regional, Ximo Puig. "Se ha incorporado a María Pilar de la Oliva al tribunal que debe decidir sobre la imputación de Oltra para manejar los tiempos. La renovación de De la Oliva como presidenta del TSJ de Valencia depende de Gabriela Bravo", afirman.

El otro magistrado de los tres que componen el tribunal que ha levantado polémica es Vicente Manuel Torres. Este exfiscal Anticorrupción se convirtió en el azote del expresidente valenciano del PP, Francisco Camps y de la exalcaldesa de Valencia ya fallecida, Rita Barberá. Torres fue elegido magistrado del TSJ de Valencia por el Consejo General del Poder Judicial CGPJ tras la petición formulada por Compromís (partido de Oltra), PSOE y Podemos en las Cortes Valencianas en octubre de 2018.

Se da la circunstancia de que el propio Vicente Manuel Torres formó también parte del tribunal del TSJV que en mayo del pasado año, desestimó la querella inicial que presentó la asociación GOBIERNA-TE. Torres junto a los magistrados Carlos Climent y Antonio Ferrer sostuvo entonces que no se disponía de "ningún indicio objetivo de que precisamente la aforada Sra. Oltra pudiera haber dado orden a cualquiera de los restantes querellados de llevar a cabo actuaciones tendentes a proteger al Sr. Ramírez, no contando más que con la sospecha de que todas las personas a que se refiere el escrito de querella están vinculadas a la Conselleria que preside la querellada y que el afectado fue en su momento su pareja".

La querella desestimada fue recurrida y finalmente, Torres y los otros dos magistrados abrían la puerta a que el caso se investigara en un Juzgado de Instrucción ordinario antes de imputar a la vicepresidenta valenciana: "En el presente caso, en ningún momento negamos que los hechos se presentan como claramente sospechosos, estando plenamente justificado el inicio de una investigación penal para en su caso depurar la responsabilidad en que hayan podido incurrir todos o alguno de los querellados".

Los abusos sexuales a la menor tutelada de 14 años

Los abusos a la menor tutelada de 14 años, según consta en una sentencia, se produjeron a finales de 2016, cuando Luis R. estaba casado con Oltra, vicepresidenta de la Generalidad desde junio de 2015, y por estos hechos fue condenado a cinco años de prisión. La sentencia fue confirmada por el TSJCV en septiembre de 2021, aunque se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

En este proceso, la Fiscalía reprochó a la Consejería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador. Una vez concluido el juicio contra el exmarido de Oltra, la menor acosada y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Consejería por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.

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