A primera hora del viernes, el Ayuntamiento de Salobreña anunciaba que investigaría si Macarena Olona vivía en la vivienda en la que estaba empadronada y que si no era así, daría de baja su padrón. Sin embargo, los agentes que participaron en esa operación han denunciado en declaraciones a esRadio que la urgencia con la que se exigió que trabajaran, no se corresponde con los plazos habituales.
Miguel Fernández, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada, cuenta que les "asombró la urgencia por la que se exigió un informe en 24h. Un plazo exprés, porque para realizar este tipo de diligencias en circunstancias habituales se requieren semanas, incluso meses".
Aún así, tal y como les ordenó el Ayuntamiento, hasta en dos ocasiones se presentaron en la vivienda. "Fue imposible contactar con los moradores – explica Miguel – porque no había ni timbre, ni portero automático. Además, la finca está completamente vallada"
Así consta en el informe policial que remitieron al Ayuntamiento de Salobreña en el que dejaron constancia, únicamente, de que "no se ha podido contactar con la persona pero que ni confirma, ni desmiente si vive o no en el domicilio porque, sencillamente, no se ha podido averiguar"
Sin embargo, el Ayuntamiento tergiversó este informe y dio de baja el padrón de Macarena Olona asegurando que "la Policía ha podido constatar" que la candidata de Vox no reside allí.
"Lo que no vamos a permitir es que se nos quiera utilizar para los intereses del político de turno tergiversando un informe policial y cuestionando la profesionalidad e integridad de los agentes", asegura Miguel.
La propia Macarena se hacía eco en Twitter del comunicado hecho público por el sindicato, defendiendo su profesionalidad y anunciando que próximamente será ella la que dé su versión de lo sucedido.
Comunicado del @siplg #PoliciaLocal de Salobreña. Todo mi apoyo a los agentes.
La semana que viene, hablaré yo. pic.twitter.com/sFrfRD3UOh
— Macarena Olona (@Macarena_Olona) May 21, 2022
Empadronamiento trampa
La literalidad de la Ley ha permitido en otras ocasiones que algunos políticos hayan recurrido al empadronamiento a modo de triquiñuela. En 2008, un equipo de LD se trasladaba a Beneixida, en Valencia, para documentar la vivienda en la que por aquel entonces se había empadronado María Teresa Fernández de la Vega; Una casa agrícola, semi abandonada situada junto a una autovía y en un polígono industrial en construcción en la que la ministra era imposible que pudiera residir. Esteban González Pons lo denunció tanto en instancias judiciales como en el parlamento regional.
Un "empadronamiento trampa", según el popular, que durante cuatro años mantuvo a ambos enfrentados en los juzgados. González Pons ganó todos los procedimientos. Incluso el TS condenó en costas a De la Vega y determinó que tenía "poca tolerancia a la crítica"
La justicia también invalidó la candidatura de Puigdemont, que era imposible que residiera en su vivienda porque llevaba años fugado de España. También estuvo a punto de hacerlo con Javier Maroto en 2019. Ante los malos resultados que le daban las encuestas en Vitoria, el popular decidió empadronarse en la localidad de Sotosalbos y cambió allí su residencia para poder ser elegido senador. Lo paradójico en este caso es que el único concejal socialista que lo denunció tampoco estaba registrado en el censo.
A raíz del caso Olona, algunos medios han puesto como ejemplo el de Toni Cantó o el del popular Agustín Conde, que no pudieron presentar sus candidaturas por problemas con el padrón. Sin embargo, en estos dos casos, no fue porque estuvieran empadronados en otra ciudad, sino que los trámites para hacerlo no se hicieron a tiempo: Toni Cantó se empadronó después de que el censo para los comicios se cerrase.
15 días para las alegaciones
Vox defiende que Macarena Olona hizo el trámite en tiempo y forma y que, como para cualquier español que vaya a empezar su vida en otra ciudad, o en otro barrio, "la Ley establece que la condición de vecino se adquiere desde el momento en el que una persona se inscribe en el padrón". En el caso de Andalucía, la Ley Electoral, en su artículo 4.1 da la posibilidad de ser elegibles a todos aquellos ciudadanos censados.
En cualquier caso, la anulación de su empadronamiento no es firme y la candidata de Vox tiene ahora 15 días desde que se le notifica el expediente de baja para presentar alegaciones. Si apurara los plazos al máximo, su baja del padrón podría demorarse hasta una vez empezada la campaña.