Rodillo separatista con el concurso entusiasta del PSC. Igual que sucediera con las llamadas "leyes de desconexión" del 6 y 7 de septiembre de 2017 para dar una apariencia de legalidad al golpe independentista, la proposición de ley pactada por socialistas y separatistas para incumplir la sentencia del 25% de español en los colegios catalanes ha superado el primer paso en el Parlament. El procedimiento de urgencia con lectura única abre ahora un plazo de 48 horas para presentar enmiendas y con toda seguridad la proposición será aprobada este viernes al mediodía, cuatro días antes de que venza el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para la aplicación del 25% de español en horario lectivo.
Ni los socialistas, ni mucho menos los separatistas, ocultan que han llegado a un pacto con el propósito de dejar en papel mojado el fallo del TSJC y evitar lo que llaman "injerencias judiciales". Para la portavoz del PSC, Esther Niubó, que ha sido la primera en tomar la palabra en el debate, con el acuerdo "se llena un vacío que han llenado los tribunales tras años de inacción". Se refería a las variadas sentencias del TSJC sobre la exclusión del español en la enseñanza que los diversos gobiernos de la Generalidad han incumplido de manera reiterada. Según la forzada explicación de Niubó, la nueva ley mantiene el catalán como "centro de gravedad" del sistema educativo, pero se reconoce el castellano como "lengua de aprendizaje" o "lengua curricular".
Los grupos independentistas no reconocen ese matiz y se escudan en que la expresión "curricular" no está ni definida ni mucho menos desarrollada en la proposición de ley. Al tiempo, la portavoz de JxCat, Mònica Sales, y la de ERC, Marta Vilalta, han dado por cumplido el compromiso de que "la escuela catalana no se toca" y han destacado aspectos como que la proposición no fija porcentajes, a diferencia del fallo, y que la consejería de Enseñanza asume la aprobación de los proyectos lingüísticos de los centros para evitar dificultades judiciales a los directores de las escuelas.
Ni consenso, ni país
Por parte de la oposición, Joan Garriga, de Vox, ha denunciado que la proposición de ley es un "subterfugio" y que no se puede hablar de "consenso de país", como ha hecho el PSC, "porque ni es consenso ni esto es un país". El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha reprochado a los socialistas su complicidad con los independentistas y ha acusado directamente a Salvador Illa, el líder del PSC, de "blanquear el separatismo que pisotea el castellano". A su vez, Alejandro Fernández, del PP, ha censurado el carácter "sagrado" de la inmersión lingüística, sistema, ha recordado, que no se aplica en ningún país del mundo. Además, ha criticado que el PSC se sume a las "jugadas maestras" del separatismo para incumplir las sentencias judiciales con el único objetivo de mantener a Sánchez en la Moncloa.
Según las tesis "jurídicas" de socialistas e independentistas, la aprobación de una nueva ley que no contempla ninguna garantía para la enseñanza del español deja sin efecto la sentencia y, en consecuencia, el plazo del 31 de mayo para incluir en los proyectos lingüísticos de los centros educativos un 25% de clases en español. De este modo, el PSC y los separatistas dan por zanjado el asunto del español en los colegios de Cataluña.
La proposición de ley separatista no ha contado con el apoyo de la CUP porque considera que la ley habilita a los jueces para acabar imponiendo hasta un 50% de español en la "escola catalana".