El grupo de Vox en el parlamento catalán ha anunciado este miércoles que pedirá un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad sobre la proposición de ley de "uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria". Se trata del texto con el que PSC, ERC, JxCat y los comunes pretenden dejar en papel mojado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de español en las escuelas. La iniciativa de Vox, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos y el PP, compromete seriamente la aprobación de la proposición de ley antes del 31 de mayo, que es cuando vence el plazo dado por el TSJC a la Generalidad para que aplique el fallo en todas las escuelas.
Este miércoles se ha dado luz verde a la tramitación de la ley por la vía de urgencia y lectura única y se abrió el plazo de 48 horas para presentar alegaciones. Según los cálculos de sus promotores, la ley se iba a aprobar este viernes al mediodía, pero el movimiento de Vox, Cs y PP paraliza el trámite. El Consejo de Garantías tiene un plazo de siete días para pronunciarse sobre la adecuación de la propuesta a la Constitución y el Estatuto, pero por mucho que se diera prisa difícilmente podría emitir un dictamen antes del martes 31. Y aún así, la ley sería aprobada ya fuera de ese plazo. En consecuencia y siguiendo los razonamientos socialistas y separatistas, la Generalidad quedaría sin asidero "legal" para incumplir el fallo. Además, Vox, Cs y PP pretenden dilatar la entrada al registro de la consulta hasta el viernes para evitar una reacción "exprés" del Consejo de Garantías.
El movimiento es inesperado porque Vox había dejado claro en el pasado por activa y pasiva que no confía en el Consejo de Garantías Estatutarias, que le parece un órgano duplicado y que sus informes son de parte. Sin embargo, el presidente del grupo de Vox, Ignacio Garriga, ha declarado que "el objetivo es parar este asalto a la legalidad y la vulneración de los derechos y libertades del conjunto de los catalanes". Elevar una consulta al Consejo de Garantías es también la "única salida" ante una "situación urgente".
La maniobra encabezada por Vox da paso a una especie de partida de ajedrez en la no debe descartarse que los grupos separatistas con el concurso del PSC fuercen toda clase de ilegalidades. Es la mesa del parlamento la que debe resolver sobre la admisión a trámite de la petición del dictamen. Con el reglamento de la cámara en mano, Vox, Cs y PP cumplen con todos los requisitos para presentar la consulta, pero la última palabra está en la mesa, integrada por los grupos de la proposición de ley contra el español en los colegios.
En el caso de que la mesa acepte la petición de la oposición, el trámite quedaría paralizado, pero si el dictamen llegara el 31, aún se podría celebrar un pleno y aprobar la ley dentro del plazo de ejecución de la sentencia dado por el TSJC. Sea como fuere, los grupos independentistas y el PSC no se esperaban la maniobra de última hora de Vox y debaten cómo sortear este obstáculo.