La intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responsabilizando al magistrado del Tribunal Supremo de enlace con el CNI por la intervención de las comunicaciones de los golpistas ha provocado una gran indignación en el Alto Tribunal.
Actualmente, el titular del enlace con el CNI es el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pablo Lucas y el juez suplente de enlace con el Centro Nacional de Inteligencia es el magistrado de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez-Arrieta. Lucas es cercano a la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y ha sonado como posible magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE o posible candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial CGPJ.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "la Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia desmonta el señalamiento de Sánchez al magistrado del Supremo como culpable del denominado caso Pegasus, ya que la primera función del CNI es informar al presidente y al Gobierno de sus actuaciones".
En este contexto, el artículo 1 de la citada Ley establece que el CNI "es el Organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD subrayan que Pablo Lucas es "un magistrado íntegro y honesto, uno de los más brillantes del Supremo. Es intolerable que el presidente del Gobierno le señale para culpabilizarle de los mal llamados espionajes a los independentistas catalanes. El CNI informa al Gobierno, es su instrumento".
Pablo Lucas es catedrático de Derecho Constitucional y magistrado de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. Es también exjefe de Gabinete de Pascual Sala y Javier Delgado, cuando estos eran fueron presidentes del CGPJ.
"El CNI no investiga delitos sino informaciones para salvaguardar la seguridad del Estado en el ámbito nacional e internacional. Cuando el CNI tiene que efectuar una entrada y registro o en un domicilio o una intervención telefónica, solicita autorización al magistrado de enlace en el Supremo. La finalidad y orientación de la investigación es responsabilidad del CNI. Las intervenciones telefónicas no son masivas, son individualizadas, justificadas y por un periodo temporal limitado", apuntan.
Recordamos que el artículo 598.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la formulación de la propuesta del magistrado, de las Salas Segunda o Tercera del alto tribunal, competente para conocer de las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, "así como del magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad".
Este jueves, Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso que acelerará la aprobación de una nueva ley de Secretos Oficiales, que sustituirá a la vigente desde 1968. También que el Ejecutivo reformará la ley orgánica reguladora del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia, en línea con las recientes recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Desclasificar documentos provocará "desconfianza"
Las mismas fuentes consultadas por este diario afirman que la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de desclasificar documentos secretos del CNI para contentar a sus socios independentistas "provocará una gran desconfianza en los otros servicios de Inteligencia extranjeros que colaboran con el CNI".
"Desclasificar información secreta supone una brecha de seguridad para los otros servicios de Inteligencia, ya que pueden resultar afectados y que se revele información sobre ellos u obtenida por ellos. Si el Gobierno desclasifica documentos, causará recelo sobre el CNI a nivel internacional", resaltan.