El juzgado de instrucción número 27 de Barcelona investiga al concejal podemita de Barcelona Eloi Badia por la cesión a un grupo de okupas de un local de titularidad pública que antes había sido la comisaría de la Policía Nacional en la plaza de Lesseps, en el distrito de Gracia de la capital catalana. Badia, uno de los ediles más cercanos a la alcaldesa Ada Colau, está encausado por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
Los hechos se remontan a 2017, cuando el Ayuntamiento decidió acondicionar la vieja comisaría, abandonada en 2013, para que los okupas estuvieran más a gusto. A cambio, les propuso el pago de un alquiler social de 550 euros al año. Sin embargo, el pago no se llegó siquiera a abonar durante los dos años de la pandemia, a pesar de que según los vecinos no dejaron de celebrar botellones hasta altas horas de la madrugada.
Los okupas que se han adueñado gracias al Ayuntamiento de Colau de ese inmueble habían irrumpido en el local, propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda, tras haber sido desalojados de una antigua oficina bancaria en la Travesera de Gracia, desalojo que provocó varios días de disturbios y destrozos en el centro de la ciudad, en noviembre de 2015.
Tras ese desalojo, se trasladaron a la citada comisaría y llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento, ya en manos de Colau, para que la administración municipal se hiciera cargo de las reformas para adecentar el espacio al gusto de sus nuevos "inquilinos". El argumento del equipo de gobierno de la ciudad fue que había que promocionar la participación ciudadana y ofrece "alternativas" a los jóvenes.
Desde entonces, los vecinos de la calle Torrente de la Olla 203 han sufrido un auténtico calvario. Ahora, el juez ha admitido su denuncia, que se basa en el hecho de que el local fue cedido de manera ilegal puesto que al ser público debería haber sido sometido a un proceso de concurso o de subasta. La imputación del concejal Badia, responsable del distrito de Gracia, afecta también a cuatro cargos municipales que intervinieron en el proceso de cesión, según informa la edición catalana de El País. Se trata del gerente del distrito, Pere Camps, el jefe de los servicios jurídicos, Rufino García, el director de servicios a las personas, José María Raya y la gerente del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación, Maria Àngels Mira.
Obras de insonorización
En declaraciones al citado medio, Badia afirma que los okupas sólo han dejado de pagar en 2020 y 2021 pero está convencido de que acabarán pagando porque los dos primeros años sí que hicieron frente al alquiler social. En cuanto a las quejas de los vecinos, el edil asegura que acaba de cerrar el último "convenio de cesión" y que en él se fijan los horarios de las actividades y, además, que se prevén obras de insonorización.