El PSOE está dispuesto a lo que sea con tal de conseguir apuntalar a Pedro Sánchdez en la Moncloa hasta el cierre de la legislatura. Con ese fin, el partido de Sánchez acaba de comunicar a sus socios separatistas su disponibilidad a renegociar y estirar todos los actuales estatutos de autonomía, con tal de que ERC, Bildu, PNV y BNG mantengan su apoyo al presidente hasta terminar su mandato.
No se trata de una promesa verbal. El compromiso de Pedro Sánchez ha sido registrado en el Congreso de los Diputados por medio de un documento donde los socialistas ofrecen abiertamente a todos sus aliados separatistas "seguir fortaleciendo el estado autonómico, impulsando su desarrollo estatutario". La promesa se completa con un objetivo expreso e igualmente delicado: y es que la meta es "la necesaria transformación territorial y social" de España.
Traducido: que de cara a una transformación "territorial", que los socialistas anuncian como "necesaria", Pedro Sánchez está dispuesto a sentarse a iniciar toda una nueva ronda negociadora de los estatutos de autonomía de las comunidades con aspiraciones rupturistas.
Los separatistas catalanes siempre han destacado que el marco estatutario no les resulta suficiente. Pero, simultáneamente, han pretendido alcanzar un pacto para poder realizar un referéndum de autodeterminación. Y no han faltado sectores separatistas que han pretendido que esa capacidad para la realización de este tipo de referéndum quedase plasmada en un nuevo estatuto de autonomía catalán.
El caso vasco es aún más claro. El PNV lleva impulsando desde hace años un nuevo estatuto de autonomía que cuenta ya con un texto embrionario articulado. En ese texto, los separatistas vascos pretenden plasmar de facto la autoconcesión de su pretendido derecho de autodeterminación. Y darlo como hecho consumado. Es más, el redactado de ese borrador de estatuto de autonomía revela su plan, que pasa por, en el mismo texto legal, reconocerse ese derecho ficticio y, simultáneamente, asumir que el País Vasco no se separa del resto de España porque, de nuevo ellos mismos, alcanzan un supuesto pacto de convivencia como estado asociado.
Sea como sea, la mano tendida de Pedro Sánchez es obvio que tendrá consecuencias.
Los socialistas ofrecen dos pactos más. El primero de ellos, para regalar a los gobiernos regionales un "potenciamiento de la cogobernanza y la cooperación como base de la cohesión del Estado español". Y el segundo, el "avance en los traspasos que resulten viables con arreglo al marco estatutario clarificando la distribución competencial y reduciendo la conflictividad".
Traducido: que mientras que el Tribunal Constitucional -en plena pugna por el intento de desembarco de magistrados impulsados por el PSOE y Podemos- no rechace las cesiones a las autonomías, se llevará la entrega de competencias y la cesión en las disputas hasta el máximo nivel reclamado por los separatistas.
El documento que ha plasmado el ofrecimiento de los socialistas llega a la locura de que no observa peligro alguno en las exigencias de los mismas separatistas que organizaron el golpe del 1-O, sino que lo identifica en Vox. En esa línea señala: "Vivimos un tiempo político en el que alguna formación política niega el estado de las autonomías poniendo en duda la validez y utilidad del estado autonómico, promoviendo la eliminación de las autonomías y la recentralización de competencias al Estado e incluso la supresión del propio Título VIII de la Constitución Española".
La frase sólo puede tener un sentido: el de recordar a los socios separatistas de Sánchez que si no apuntalan al presidente y alargan su mandato, los siguientes pueden recortar claramente sus privilegios.
Los socialistas no concretan la profundidad del traspaso y cesión al que están dispuestos. Pero abren el abanico al máximo. Así, señalan como potenciales cesiones las que afecten tanto a "competencias legislativas y ejecutivas exclusivas"; "competencias para el desarrollo de la legislación básica del Estado, así como para la puesta en marcha de esta legislación"; "competencias para la ejecución de la legislación aprobada en exclusiva por el Estado"; y "competencias legislativas y ejecutivas, aunque distintas de las que tiene el Estado en la misma materia".
Los socialistas mencionan como ejemplos, la cultura, el empleo, la formación profesional, salud pública, asistencia sanitaria, educación, política económica, medioambiente, deporte, juventud, turismo, comercio, industria o servicios sociales.
Es decir, un muy amplio abanico abierto a los deseos de los separatistas con tal de que alarguen el mandato de Sánchez.