Pedro Sánchez prepara una norma con la que impulsar la desclasificación de secretos oficiales y controlar al CNI. Pero los socios separatistas del Gobierno no se contentan con más controles políticos a la labor de los agentes de los servicios de inteligencia. Ellos quieren un veto pleno para los internos del CNI de controlar los actos ilegales del separatismo. El PNV ha sido el encargado, en esta ocasión, de trasladar un texto técnico al PSOE con esta exigencia. Y el mecanismo supondría una eficacia plena en el bloqueo a las investigaciones del CNI. Se trata de un esquema de tres jueces, con necesidad de unanimidad, para autorizar las operaciones del CNI. De ese modo, un sólo juez puede parar las investigaciones. Y ese tercer juez, aspiran a promocionarlo los separatistas por medio de sus pactos en el Poder Judicial.
Un esquema técnico y complejo, pero de amplia eficacia. Así lo ha diseñado el PNV. El documento que plasma esta reforma ha sido ya registrado en el Congreso y tiene "como objetivo principal actualizar el marco regulatorio del Centro Nacional de Inteligencia, contemplado en la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia".
El PNV señala que "ambas leyes, de cuya aprobación se cumplen ahora 20 años, se propusieron como respuesta normativa al caso de las escuchas ilegales cometidas por distintos miembros del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) entre 1983 y 1991, que culminó en una condena al teniente general Emilio Alonso Manglano, exjefe del Centro Superior de Información de la Defensa, y del excoronel Juan Alberto Perote, ex director de unidad del CESID, por un delito continuado de interceptación de comunicaciones telefónicas".
Los separatistas vascos afirman que "transcurridas dos décadas desde la aprobación de ambas leyes, resulta necesario profundizar en algunos de los contenidos que entonces se normativizaron. Esta necesidad se ha visto, además, acuciada por la gravedad de los hechos conocidos recientemente en relación con los espionajes practicados a distintos miembros del Gobierno español, incluido el presidente, o el que afecta a decenas de representantes políticos a través del programa Pegasus, un spyware altamente invasivo desarrollado por la firma cibernética israelí NSO".
Por ello, los separatistas pretenden que "en primer lugar, a partir de la entrada en vigor de esta ley, las propuestas de nombramiento del secretario de Estado director o secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia correspondan a aquella persona que ostente la presidencia del Gobierno. Se establece así una responsabilidad política y directa del máximo o máxima responsable gubernamental".
Como segunda medida, el PNV reclama, bajo el pretexto de "mejorar el control político del CNI, de las máximas personas responsables y de sus actuaciones", una reforma dirigida a que "la Comisión del Congreso de los Diputados encargada del control parlamentario del CNI, la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados pueda conocer los medios a través de los cuales se producen aquellas intervenciones que han recibido la pertinente autorización judicial".
Además, el plan del PNV "contempla una serie de modificaciones en relación con el control judicial regulado en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia con el objetivo de ampliar dicho control y de actuar sobre las garantías del Estado de derecho". Así, en lo referente al control judicial de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, "será un órgano colegiado compuesto por tres Magistrados del Tribunal Supremo quien, por unanimidad, acordará, mediante resolución motivada, la concesión o no de la autorización solicitada", aclara la petición del PNV. Asimismo, "el secretario de Estado director o la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia deberá especificar, en dicha solicitud, los medios y recursos a emplear, detallando sus características concretas, para su consideración desde el principio de proporcionalidad".
Y, por último, la guinda. Como control ex post, la exigencia del PNV "incluye también que los Magistrados deberán ser informados por el secretario de Estado director o la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia del grado de ejecución de cada autorización a fin de que puedan asegurarse de su adecuación al contenido de estas". Y, todo ello, será controlado y autorizado por un esquema de tres jueces. "Los Magistrados acordarán por unanimidad, mediante resolución motivada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, la concesión o no de la autorización solicitada. Dicho plazo se reducirá a veinticuatro horas, por motivos de urgencia debidamente justificados en la solicitud de autorización del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia que, en todo caso, contendrá los extremos especificados en el apartado anterior de este artículo", explica el texto del PNV.
Y se remarca "la propuesta de nombramiento de tres Magistrados de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso- Administrativo, del Tribunal Supremo, competentes para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como la propuesta de nombramiento de Magistrados de dichas Salas del Tribunal Supremo que los sustituyan en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad".
Dado el poder de negociación en el Poder Judicial de los separatistas, uno de los tres quedaría bajo su influencia. Y, con el derecho a veto —se requiere unanimidad— eso significa que los separatistas serían intocables para el CNI.