El Tribunal de Cuentas ha renunciado a investigar el "cuello de botella" que causó el Gobierno de Pedro Sánchez al centralizar la compra de material sanitario para hacer frente al covid-19 al inicio de la pandemia en marzo de 2020.
El tribunal aprobaba el jueves un informe de Fiscalización sobre la contratación de emergencia del ejercicio 2020 por parte del Ejecutivo y no apreciaba ninguna irregularidad tras analizar 73 contratos por un valor total de 551 millones de euros. La mayoría de dichos contratos fueron suscritos por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA. Precisamente el exdirector de INGESA está imputado en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid con otros dos altos cargos responsables de las compras por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital denuncian que "se deberían haber fiscalizado las compras centralizadas de material sanitario. El Gobierno a través del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa cambió el criterio de las compras del material, desposeyendo a las CC.AA. de sus competencias. El tribunal debería haber analizado el resultado y la eficacia de esta centralización que el propio Ejecutivo desactivó apenas dos semanas después tras el fracaso obtenido".
El Ejecutivo de Sánchez prohibió al inicio de la pandemia a las Comunidades Autónomas comprar material aprovechando las prerrogativas que le otorgaba el estado de alarma. De esta forma, se efectuaron compras centralizadas de todo el material sanitario, eliminando las competencias a las CC.AA. en dicha materia.
El Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo aprobado por el Consejo de Ministros ante la magnitud de la pandemia, que el Gobierno había negado hasta después de celebradas las concentraciones feministas del 8-M, procedió a modificar la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas especiales en materia de salud pública. Dicha modificación contribuyó a frenar la llegada de material ya contratado por las CC.AA., provocando que el sistema de salud se viera desbordado en las semanas siguientes.
Sanidad comenzó a realizar adquisiciones centralizadas de todo tipo de productos a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y del Organismo autónomo INGESA con cargo a un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros aprobado por el Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo.
La gestión del citado crédito extraordinario de 1.000 millones de euros recayó en la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Sin embargo, esta Dirección General dejó de realizar las contrataciones subsiguientes para realizarlas INGESA, que, por lo indicado por la Dirección, no era la que podía gestionar por sí el crédito presupuestario habilitado, salvo que con ello se pretendiera trasladar posibles responsabilidades de la contratación a un organismo autónomo.
Como consecuencia, se generó un mecanismo de compra de productos sanitarios en organismos cuyo personal desconocía completamente la situación del mercado de los mismos, por no haber realizado nunca este tipo de adquisiciones, al estar residenciada su compra en las CC.AA. Como el caso de INGESA que únicamente habían efectuado adquisiciones para los hospitales de Ceuta y Melilla, adquisiciones que no eran referente para una pandemia que afectaba profundamente a todo el territorio nacional.
Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que "la medida del Gobierno de centralizar las compras ralentizó las adquisiciones y provocó que en las CC.AA. no existieran los medios suficientes para hacer frente al aumento de victimas mortales. A pesar de ello, el Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano tras el pacto de renovación alcanzado en octubre con el PP de Pablo Casado, no entra a valorar esta grave cuestión en su informe de fiscalización".
"La actuación seguida por el Ministerio de Sanidad generó un ‘cuello de botella’ en la llegada de material sanitario a los centros hospitalarios españoles en los momentos de máxima intensidad en el número de contagios y de ingresos de afectados en los hospitales. Además, la insuficiencia de material producida por la negligente actuación del Ministerio de Sanidad generó un importante número de contagios entre el personal sanitario", concluyen
Las incautaciones de material por el Gobierno
En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 12 de marzo de 2020, el Ministerio puso de manifiesto a los consejeros de Sanidad de las CC.AA. que todas las compras se realizarían a través del Ministerio de Sanidad, a través de INGESA, si bien las instrucciones partían de Patricia Lacruz, directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (dependiente del Ministerio de Sanidad), que también está imputada en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid.
Las mismas fuentes consultadas por este diario destacan que "Sanidad prohibió la contratación a las CC.AA. de material sanitario, procediendo incluso a la incautación de diverso material adquirido por éstas antes del 10 de marzo, generando un estrangulamiento en la llegada de material necesario a los hospitales de las CC.AA, al menos entre el 12 y el 18 de marzo".
En el Consejo Interterritorial del 16 de marzo, se produjeron reiteradas quejas de las CC.AA. por la incautación de material sanitario como los respiradores adquiridos por la Junta de Andalucía o el 50% de un pedido de mascarillas realizado por el Gobierno de Aragón. Illa negó haber realizado este tipo de actuaciones, aunque la Policía Nacional actuó esa misma semana en los almacenes externalizados del Hospital Clínico de San Carlos y en La Paz (Madrid). Finalmente, Sanidad hizo pública una nota interpretativa sobre la requisa de materiales en el Consejo Interterritorial de 18 de marzo. Ante las quejas de las CC.AA., se señaló que podían comprar libremente en el mercado, pero actuando con lealtad.