La Generalidad catalana ha consumado su desacato y lo ha hecho con un formulario enviado a las escuelas de primaria y secundaria en el que les pregunta si evitan el uso de porcentajes en la enseñanza de las lenguas, si el catalán es la lengua vehicular y si se utiliza como lengua de "acogida" de los alumnos recién llegados. También se pregunta a los directores si contemplan "criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular" o si se tienen en cuenta la realidad sociolingüística del entorno del centro.
Si todas las respuestas son afirmativas, se considerará que el centro en cuestión cumple con la nueva normativa. Caso contrario, deberán presentar un nuevo proyecto lingüístico que será analizado y autorizado por la consejería de Educación, en manos del republicano Josep Gonzàlez-Cambray. Los directores de las escuelas tienen hasta el próximo 30 de junio para contestar al cuestionario.
Con esta maniobra, la Generalidad pretende dar por superada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de español en el horario lectivo y la requisitoria para que se aplique antes de este 31 de mayo. Además, en el formulario insiste en la negativa a aplicar porcentajes en la enseñanza de las lenguas, en expreso desacato a la justicia. La Generalidad también dice asumir "la responsabilidad sobre los proyectos lingüísticos" que valide la consejería de Educación y que la inspección educativa autonómica hará un seguimiento sobre el cumplimiento de tales proyectos. Y a mayor abundamiento, el consejero Gonzàlez-Cambray alude en una carta adjunta en la necesidad de impulsar la inmersión lingüística porque según encuestas que no detalla el catalán estaría en franco retroceso en los colegios catalanes.
Incumplimiento del fallo
Una parte de la comunidad educativa aprecia que el cumplimiento de las instrucción de la Generalidad implica el incumplimiento del fallo del TSJC. Según la entidad "Escuela de Todos", impulsada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe e Impulso Ciudadano, la orden del TSJC no queda anulada por el decreto de urgencia del gobierno regional. Los sindicatos también se han mostrado en contra de la iniciativa de la Generalidad, que consideran un mero truco para esquivar el cumplimiento de la sentencia, una "tomadura de pelo" que no protege a los docentes ante la previsible reacción del TSJC.
Escrito de la Generalidad al TSJC
A media tarde, la Generalidad enviaba un escrito al TSJC en el que pedía que declarase la imposibilidad legal de aplicar la sentencia del 25% de español en las aulas a tenor de la nueva normativa, el decreto aprobado de urgencia en una reunión extraordinaria del gobierno autonómico, que rechaza de forma expresa y "taxativa" el establecimiento de porcentajes en la enseñanza de idiomas. El escrito, firmado por el abogado de la Generalidad Gerard Blanchar, es la respuesta final de la Generalidad a la requisitoria del TSJC para que implantase un 25% de español en el horario lectivo de las enseñanzas Primaria y Secundaria, cuyo plazo vencía este 31 de mayo.
El escrito afirma que ni la Constitución ni el Estatut establecen desarrollos legislativos que establezcan porcentajes en la enseñanza de los idiomas oficiales y llega a instar al TSJC a que ordene a los centros educativos adaptarse al decreto aprobado el lunes por la Generalidad y que rechaza el porcentaje del 25%.
La respuesta de la Generalidad es una vuelta de tuerca al desacato que incluye todo el argumentario separatista en contra de la introducción natural del español en las aulas catalanas. "La escuela catalana no se toca" y "por una escuela de todos, la escuela en catalán" son algunos de los lemas de la inmersión y adoctrinamiento en el sistema educativo catalán. El catalán no sólo es vehicular sino la lengua de "acogida" para los alumnos recién llegados. Según la Generalidad, los alumnos acaban el ciclo obligatorio sabiendo hablar y escribir catalán y español por igual.
Cierre de la Universidad Pompeu Fabra
Por otra parte, estudiantes separatistas de la Universidad Pompeu Fabra, han montado barricadas en el campus de la Ciutadella y han ocupado algunas de las dependencias, lo que ha dado pie al rectorado a suspender las clases. Esos estudiantes muestran así su rechazo a la sentencia del 25% de español en la educación primaria y secundaria. Los estudiantes de la entidad constitucionalista "S'ha acabat" han mostrado su rechazo a la huelga separatistas, que consideran auspiciada por el rectorado.