El Gobierno catalán de ERC ha anunciado ya su determinación de incumplir la sentencia judicial que les obliga a respetar un mínimo de un 25% de clases en español. Pero el partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián ha decidido sumar a su insumisión un alarde de soberbia: ERC ha registrado un documento en el Congreso para exigir al presidente Sánchez, además, que en pleno incumplimiento les financie una nueva contratación de profesores seleccionados por ellos con cargo a los "fondos propios del Estado" y del rescate europeo que recibe España. Nacionalismo a la carta y financiado por todo el resto de españoles.
El documento de ERC recoge sin matices la exigencia de que el Gobierno central les garantice "el mantenimiento de los refuerzos de personal docente y no docente de cara al curso 2022-2023 en los centros educativos y reeditar la transferencia del curso pasado a las comunidades autónomas tanto de los fondos propios del Estado como del mecanismo europeo REACT-UE para Educación".
Además, el partido de Junqueras y Rufián reclama a Sánchez que todos los españoles financiemos "la consolidación de las plantillas de refuerzo de personal docente y no docente contratadas por las comunidades autónomas a causa de la pandemia del COVID-19 en el curso 2023-2024".
Los refuerzos temporales, sin embargo finalizan en muchos casos sus contratos con el curso escolar. Lo que implica que, en caso de ceder, lo que Sánchez estaría financiando sería una nueva contratación de profesores.
En las comunidades autónomas no nacionalistas, esa potestad y fondos puede tener otro fin. Pero en las regiones separatistas y, en especial, en Cataluña, está claro el deseo en un momento en el que la Generalidad ya ha trasladado la exigencia a los profesores actuales de que impidan el uso del español entre los menores en sus clases.
De ese modo, la nueva ola de contratación difícilmente escaparía al cribado nacionalista, convertido en casi único caballo de batalla del Gobierno separatista de ERC y JxCat.
Todo ello ocurre justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado nítido, igualmente, que ni se plantea adoptar medidas para garantizar la educación en español tras la aprobación del decreto de la Generalidad que impide que el 25% de las asignaturas se impartan en español. Y ello, pese a que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a respetar ese porcentaje. "Lo que dice el Gobierno es que han de cumplirse las sentencias", aseguró este pasado martes la portavoz, Isabel Rodríguez. Pero, tras ello, punto final. Ni una sola medida para garantizarlo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
De hecho, la única defensa jurídica que baraja el Gobierno es la de cada familia de forma particular acudiendo a la Justicia. "Primero la justicia", aseguran en el Gobierno, pero evitan aclarar qué harán si el incumplimiento continúa.
Para colmo, la Generalidad ha dado ya un paso más. Acaba de remitir un formulario a las escuelas de primaria y secundaria en el que les pregunta si evitan ya el uso de porcentajes en la enseñanza de las lenguas, si el catalán es la lengua vehicular y si se utiliza como lengua de "acogida" de los alumnos recién llegados.
También pregunta a los directores de los centros escolares si contemplan "criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular" o si se tienen en cuenta la realidad sociolingüística del entorno del centro.
Y, si todas las respuestas son afirmativas, se considerará que el centro en cuestión cumple con la nueva norma antiespañol. En caso contrario, eso sí, deberán presentar un nuevo proyecto lingüístico que será analizado y autorizado por la consejería de Educación, en manos del republicano Josep Gonzàlez-Cambray. Porque, de no hacerlo, pasan a la lista negra. Los directores de las escuelas tienen hasta el próximo 30 de junio para contestar al cuestionario.