Ni el gobierno de la Generalidad, ni los grupos de ERC y Junts más socialistas y podemitas frenan en su ofensiva contra la sentencia que dicta que un 25% de la enseñanza obligatoria en Cataluña se tiene que impartir en español. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha destacado que el decreto que se aprobó la semana pasada, justo antes de que venciera el plazo judicial para ejecutar el fallo, y la nueva ley forman parte de un "paquete de acciones para combatir los ataques judiciales a la lengua de nuestro país y proteger el modelo de escuela catalana".
En paralelo, el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano consultivo de la Generalidad, avalaba el texto elaborado por PSC, En Comú Podem, ERC y Junts per Catalunya (JxCat) y cuyo objetivo es el mismo que el del decreto, incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), apuntalar la inmersión lingüística en catalán y que el español se mantenga en el mismo papel residual que hasta ahora.
El dictamen del Consejo de Garantías se ha adoptado por unanimidad y en él se dice que el hecho de no atribuir el papel de vehicular al español no es inconstitucional ni contrario al Estatuto de Autonomía de Cataluña. En opinión de los miembros del Consejo, el texto legal "está integrado por las disposiciones legales que son de aplicación al régimen jurídico lingüístico de la enseñanza no universitaria, repetidas sintéticamente en el artículo 2 de la Proposición de ley: el catalán es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje, y el aprendizaje y el uso curricular y educativo del catalán y el castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos".
También considera el citado órgano que la aplicación de porcentajes en la enseñanza es una "opción política" y que por tanto corresponde a los "poderes públicos competentes" fijar tales porcentajes o descartarlos.
Recurso de Vox, Cs y PP
Fueron los grupos parlamentarios de Vox, Ciudadanos y PP quienes elevaron la proposición de ley al Consejo de Garantías al efecto de paralizar su inmediata entrada en vigor la semana pasada, tal como pretendían los impulsores de la norma. El objetivo era que socialistas e independentistas no llegaran a tiempo para aprobar la norma antes del plazo fijado para la aplicación de la sentencia, que fijaba el 31 de mayo como fecha límite.
En vez de acatar la sentencia, el Govern se sacó de la manga un decreto contra los porcentajes en la enseñanza de idiomas, decreto que según la portavoz Plaja "permite proteger a las direcciones de los centros educativos de la interferencias judiciales y a la vez también protege el modelo de escuela catalana rechazando los porcentajes en el aprendizaje de las lenguas". También ha dicho que el ejecutivo regional "celebra" la iniciativa legal de los grupos del PSC, ERC, Junts y En Comú Podem.
El TSJC aún no se ha pronunciado sobre la respuesta de la Generalidad, pero la semana pasada emitió un auto en el que rechazaba el recurso de un grupo de padres contra el 25% del que se infiere que el tribunal instará de nuevo a las autoridades autonómicas al cumplimiento de la sentencia.