Entre mutuos parabienes entre el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, y el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, se ha aprobado en el Parlamento catalán la nueva ley de usos lingüísticos en la educación, la respuesta de socialistas, comunes, ERC y Junts per Catalunya (JxCat) a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 25% de español en la enseñanza obligatoria.
El propósito no precisamente oculto de la norma arbitrada por los citados grupos parlamentarios es evitar la aplicación de porcentajes en el aprendizaje de idiomas y mantener intacto el sistema de inmersión lingüística y adoctrinamiento de la denominada "escola catalana".
Según Aragonès, se ha alcanzado "un gran acuerdo por el catalán y la escuela catalana" basado en el "consenso social". También ha agradecido a Illa que el PSC se haya sumado al pacto. El dirigente socialista, por su parte, ha negado que la ley vaya contra el español con el argumento de que "defender el catalán no es atacar el castellano".
ERC y Junts han coincidido en reprochar a Vox, Ciudadanos y PP un supuesto "filibusterismo" por haber elevado a consultas la norma ante el Consejo de Garantías Estatutarias, organismo de la Generalidad de carácter consultivo que el martes dio el visto bueno a la ley para que pudiera ser aprobada en el pleno parlamentario de este miércoles.
El portavoz de Vox, Joan Garriga, ha lamentado que el independentismo "utilice el catalán como frontera" y pretenda acabar con la riqueza cultural del bilingüismo. El dirigente de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha acusado a los socialistas de asumir el discurso separatista "rancio y casposo" sobre la catalanidad y de mantener intacto tras cuarenta años el sistema de inmersión lingüística. También ha aportado el dato de que más del 65% de los castellanohablantes de Cataluña han nacido en la región, a pesar de que el separatismo insiste en tratar el español como una lengua extranjera.
"Politización de la lengua"
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha alegado que "la politización de la lengua está resultando desastrosa para el catalán porque una parte de los catalanes identifica esta lengua con el proyecto separatista. Además, ha advertido de que "se pretende sagrado un sistema, el de la inmersión lingüística, que no se utiliza en ninguna otra parte del mundo".
La ley se ha aprobado con los votos a favor de PSC, En Comú Podem, ERC y JxCat, salvo un diputado de esta última formación que se ha abstenido en solidaridad con un ciudadano que lleva diez días en huelga de hambre en contra de la sentencia del 25%. Vox, Ciudadanos, el PP y la CUP por razones opuestas han votado en contra.
Los grupos de Cs, PP y Vox han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional mientras la formación que preside Ignacio Garriga ha anunciado también una querella penal.