El Ministerio de Sanidad ha reconocido la negligencia que cometió el propio Gobierno de Pedro Sánchez cuando ordenó centralizar las compras sanitarias al comienzo de la pandemia de la covid-19 en marzo de 2020. El Ejecutivo prohibió a las CCAA comprar material aprovechando el estado de alarma y se efectuaron compras centralizadas a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA, dependiente de Sanidad.
En un escrito de alegaciones presentado ante el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el exdirector del INGESA y responsable de las compras en ese periodo, Alfonso Mª Jiménez, asegura que este organismo no tenía "preparación en el ámbito del comercio internacional" para realizar las compras de material. Actualmente, el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid mantiene imputados al propio Jiménez y a otros dos altos cargos del Ejecutivo que fueron responsables de las compras de material sanitario por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
En su escrito de alegaciones, el exdirector de INGESA relata que "el desconocimiento y el volumen de la problemática planteada por esta pandemia, desbordaron, en pocos días, todas las capacidades de nuestro Sistema Sanitario. La gran cantidad de ingresos hospitalarios, el desbordamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos y, sobre todo, la elevada mortalidad de las primeras semanas, pusieron a prueba todas nuestras posibilidades".
"En este contexto, no la principal, sino la única prioridad, fue acometer todas las acciones que se nos habían encomendado para combatir la COVID19 con la mayor urgencia posible. Estas acciones eran, sobre todo, la adquisición de los medicamentos y productos sanitarios y de protección necesarios para proteger a los profesionales sanitarios que estaban enfermando y, en muchas ocasiones muriendo como consecuencia de la enfermedad. Las llamadas y comunicaciones de los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y otros organismos públicos demandando material de protección eran continuadas y, en muchos casos, dramáticas", añade.
"Estas acciones resultaron extremadamente complejas por la situación de un mercado ‘roto’ (se podría decir incluso que "inexistente") en el que, la demanda de estos productos era enorme (todos los países necesitábamos lo mismo) y los precios y condiciones de compra variaban de día en día y, a veces, en horas. Lo ‘acordado’ un día podía no tener validez al día siguiente. El precio ‘acordado’ (incluso pagado) podía variar en pocos días u horas", apunta el exdirector de INGESA.
"Todo esto hubo que abordarlo por parte de una organización (el INGESA) con pocos recursos y sin preparación en el ámbito del comercio internacional. Ello empujó al Gobierno de España, a desplazar a las dependencias del INGESA a un equipo de altos funcionarios que llegó hasta un número de 25 y que apoyó y compartió todos los trabajos que se desarrollaron durante esos primeros meses. Especialmente se ocuparon de localizar proveedores y cerrar acuerdos en el mercado internacional (sobre todo el chino) a través, entre otros, del ICEX y las oficinas comerciales de nuestras embajadas", señalan las alegaciones presentadas por Jiménez ante el Tribunal de Cuentas.
"A pesar del enorme esfuerzo realizado, con jornadas interminables, sábados, domingos y Semana Santa incluidos, era materialmente imposible atender en tiempo a todos los trámites y procedimientos necesarios para tener todos los procedimientos ‘en regla’. No obstante, con alguna excepción en cuanto a los tiempos, se cumplieron todos los requisitos exigidos por la normativa de aplicación", concluye.
El TdC renunció a investigar el "cuello de botella"
Tal y como publicó LD, el Tribunal de Cuentas renunció a investigar el "cuello de botella" que causó el Gobierno al centralizar la compra de material sanitario. El tribunal aprobó recientemente un informe de Fiscalización sobre la contratación de emergencia del ejercicio 2020 por parte del Ejecutivo y no apreciaba ninguna irregularidad tras analizar 73 contratos por un valor total de 551 millones de euros. La mayoría de dichos contratos fueron suscritos por el citado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por este diario denunciaron que "se deberían haber fiscalizado las compras centralizadas de material sanitario. La actuación seguida por Sanidad generó un ‘cuello de botella’ en la llegada de material sanitario a los centros hospitalarios españoles en los momentos de máxima intensidad en el número de contagios y de ingresos de afectados en los hospitales. Además, la insuficiencia de material producida por la negligente actuación del Ministerio de Sanidad generó un importante número de contagios entre el personal sanitario".